El Senado nacional dio el sí definitivo al proyecto PSJ Cobre Mendocino, una megaminería de cobre en la provincia de Mendoza. La medida, aprobada a principios de diciembre de 2025, reactivó un polémico debate entre desarrollo económico y preservación del agua, y fue recibida con fuertes críticas por parte de organizaciones ambientales y partidos de oposición.
Contexto y antecedentes
El proyecto PSJ Cobre Mendocino, impulsado por la empresa minera PSJ, busca extraer alrededor de 600 mil toneladas de cobre al año en una zona de la cuenca del río Tunuyán, en Mendoza. La iniciativa había sido objeto de una larga discusión en el Congreso, con oposiciones que alegaban riesgos para los recursos hídricos y la biodiversidad.
La sanción del Senado
En una sesión celebrada a principios de diciembre de 2025, el Senado aprobó la sanción definitiva del proyecto, convirtiéndolo en ley. Con la sanción, el proyecto pasa a la etapa de ejecución, que incluye la construcción de infraestructura minera, plantas de procesamiento y sistemas de gestión del agua.
Reacciones y críticas
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, defendió la medida argumentando que “el proyecto generará miles de empleos y atraerá inversión extranjera”. Por su parte, la oposición provincial y diversas ONG ambientales expresaron su preocupación por el impacto en la cuenca del Tunuyán y solicitaron mayores controles y monitores de calidad del agua.
Impacto económico esperado
Según estudios del Ministerio de Energía y Minería, la megaminería podría aportar aproximadamente 3.200 millones de dólares a la economía nacional durante los primeros diez años, además de generar entre 5.000 y 6.000 empleos directos e indirectos. Sin embargo, los críticos señalan que los beneficios deben equilibrarse con los costos ambientales.
Próximos pasos
Con la aprobación legislativa, la empresa PSJ iniciará los trámites de licenciamiento ambiental y comenzará la obra de construcción, que tiene un plazo estimado de 24 meses. La provincia de Mendoza y la autoridad nacional de recursos hídricos implementarán un plan de monitoreo continuo para minimizar riesgos y asegurar la calidad del agua para la población y la agricultura.