La oposición de Venezuela calificó de “atropello” la agresión del régimen chavista contra el cardenal Baltazar Porras, cuyo pasaporte fue retenido y se le amenazó con detenerlo, impidiéndole viajar al exterior.
Contexto político y religioso
El cardenal Baltazar Porras es una de las figuras más prominentes de la Iglesia católica en Venezuela. Nacido en 1944, fue nombrado cardenal por el Papa Francisco en 2022, y actualmente ocupa un rol clave como arzobispo de Caracas, representando la voz de la Iglesia en un país marcado por la crisis política y humanitaria.
Retención del pasaporte y amenaza de detención
Durante la última semana, autoridades venezolanas incautaron el pasaporte del cardenal Porras, impidiéndole salir del país para participar en encuentros internacionales y actividades pastorales. Según declaraciones públicas del propio cardenal, la medida se tomó sin notificación previa y bajo el pretexto de “seguridad nacional”.
En paralelo, funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro anunciaron que el cardenal podría ser detenido si intentara abandonar el territorio venezolano, señalando que se le impediría cualquier salida del país. Estas amenazas se enmarcan en una creciente presión contra líderes religiosos y opositores que critican al régimen.
Respuesta de la oposición
Los partidos de la oposición, reunidos en la Mesa Nacional Democrática, emitieron un comunicado calificado como “un atropello” a los derechos humanos y a la libertad de tránsito. Afirmaron que la medida forma parte de una estrategia del gobierno para silenciar voces críticas y para castigar a figuras influyentes que apoyan la democracia.
El líder de la oposición, Juan Guaidó, señaló que “no permitiremos que el Estado venezolano siga vulnerando los derechos fundamentales de la ciudadanía ni de sus representantes religiosos”. Se instó a la comunidad internacional a ejercer presión diplomática y a sancionar a los responsables.
Reacciones internacionales
El Vaticano, a través de la Secretaría de Estado, expresó su profunda preocupación por la detención del pasaporte y la amenaza de arresto, recordando la importancia del libre tránsito de los dignatarios eclesiásticos. Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, también denunciaron la medida, calificándola de “violación flagrante de la libertad de movimiento”.
Implicancias para la población
Este episodio pone de relieve la situación de los ciudadanos venezolanos que, al intentar emigrar, enfrentan trabas burocráticas y persecuciones. La retención del documento de identidad del cardenal simboliza una política de control que afecta a amplios sectores de la sociedad.