La Dirección General Impositiva (DGI) presentó una denuncia formal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presunta apropiación indebida de tributos y la retención de aportes previsionales que superarían los 7.000 millones de pesos. La medida se produce en medio de las sospechas que envuelven al dirigente “Chiqui” Tapia y genera un fuerte debate entre la esfera deportiva y la económica.
Contexto de la denuncia
La DGI, organismo encargado de la recaudación y control de los tributos en Argentina, anunció el 12 de diciembre de 2025 la apertura de una causa contra la AFA. Según la autoridad fiscal, la asociación habría retenido impuestos, contribuciones de seguridad social y aportes previsionales por un monto que supera los 7.000 millones de pesos, sin destinarlos a los fondos correspondientes.
¿Qué son los tributos y los aportes previsionales?
Los tributos son los ingresos obligatorios que los contribuyentes deben pagar al Estado, incluidos impuestos, tasas y contribuciones. Los aportes previsionales son los pagos que empleadores y trabajadores efectúan para financiar la jubilación y la seguridad social. La falta de entrega de estos recursos vulnera la sostenibilidad de los sistemas públicos y afecta a los beneficiarios.
Implicancias para el fútbol argentino
El caso involucra al presidente de la AFA, Álvaro “Chiqui” Tapia, quien ya se encontraba bajo sospecha por presuntas irregularidades financieras. La denuncia de la DGI podría derivar en multas, sanciones administrativas y, de confirmarse la responsabilidad penal, la destitución de cargos dentro del organismo rector del fútbol.
Reacción de la AFA y del sector deportivo
Hasta el momento, la AFA no ha emitido una respuesta oficial. Federaciones, clubes y jugadores han expresado preocupación por el posible impacto en la gestión de los recursos del fútbol y la credibilidad institucional.
Próximos pasos
La DGI está habilitando una investigación exhaustiva que incluirá auditorías de los flujos contables de la AFA y la posible incorporación de la justicia fiscal. Se espera que en las próximas semanas se presenten pruebas documentales que confirmen la magnitud de la supuesta apropiación.