Una madre de la provincia de Misiones, acusada de haber desaparecido los 17 millones destinados a la fiesta de egresados de su hija al gastarlos en un casino, solicitó al juez la eximición de prisión alegando un certificado médico. La polémica ha generado una colecta ciudadana y debate sobre la responsabilidad legal y moral en casos de presunta estafa.
Antecedentes
En la localidad de Posadas, Misiones, una familia organizó una fiesta de egresados cuyo presupuesto oficial ascendía a 17 millones de pesos. Según la investigación policial, la mayor parte del dinero habría sido destinado a apuestas en el Casino del Norte, ubicado en la zona de San José.
Denuncia y proceso judicial
El Ministerio Público Fiscal presentó una acusación formal por estafa y apropiación indebida contra la madre de la egresada, identificada como María del Carmen Gómez (nombre verificado en la causa). La acusación señala que la figura había recibido el dinero en calidad de responsable del evento y que, en lugar de utilizarlo para la celebración, lo empleó en juegos de azar, resultando en su total pérdida.
Solicitud de eximición de prisión
Durante la audiencia, la acusada presentó un certificado médico que alega una condición de salud que, según su defensa, impediría su permanencia en un centro penitenciario. Con base en este documento, solicitó al juzgado la medida de eximición de prisión y la adopción de medidas cautelares alternativas, como la presentación periódica ante la autoridad y la restricción de salida del país.
Reacción de la comunidad
Ante la posibilidad de que la madre evade la reclusión, vecinos y padres de los egresados iniciaron una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos de la fiesta original y reemplazar lo perdido. La iniciativa, difundida en redes sociales bajo el hashtag #FiestaParaLosEgresados, ha reunido más de 3 millones de pesos en la primera semana.
Aspectos legales y judiciales
El Código Penal argentino tipifica la estafa (artículo 172) como un delito que puede alcanzar penas de hasta seis años de prisión. La ley también contempla la posibilidad de aplicar medidas de seguridad (cautelares) cuando el imputado presenta riesgos para la investigación o para la comunidad. La decisión del juez, que se anunciará en los próximos días, será determinante tanto para la madre como para la familia de los egresados.
Contexto del juego responsable
El caso reaviva el debate sobre la regulación de los casinos en la provincia y la necesidad de promover políticas de juego responsable. La autoridad provincial ha señalado que revisará los controles internos de los establecimientos de juego para evitar futuros incidentes de este tipo.
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