En una sesión polémica del Senado de Brasil, los legisladores aprobaron un proyecto de ley que baja la condena de prisión al ex presidente Jair Bolsonaro y a otros involucrados en el intento de golpe de Estado de 2023, generando protestas masivas y una disputa con el presidente Lula que busca vetar la norma.
Contexto del proceso judicial
Jair Bolsonaro, quien lideró el país entre 2019 y 2022, fue condenado en marzo de 2024 a 22,5 años de prisión por su participación en el intento de golpe de Estado ocurrido en enero de 2023. La sentencia incluía también penas para varios ministros y militares que habrían conspirado para derrocar al gobierno.
El voto del Senado
El 16 de diciembre de 2025, el Senado brasileño aprobó por mayoría un proyecto de ley que reduce la condena impuesta a Bolsonaro y a los demás procesados. La medida, impulsada por una bancada conservadora, plantea bajar la pena a 15 años y establecer beneficios como libertad condicional anticipada. El proyecto fue votado en la comisión de Constitución y Justicia y posteriormente remitido al recinto pleno.
Reacciones y protestas
La decisión desencadenó protestas en varias ciudades del país. En Brasilia, São Paulo y Río de Janeiro cientos de miles de manifestantes se reunieron frente al Congreso, portando pancartas que exigían el respeto a la sentencia judicial y denunciaban una “caza de brujas” contra la democracia. Los organizadores de la marcha señalaron que la reducción de penas socavaría el Estado de derecho.
El veto de Luiz Inácio Lula da Silva
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que asumió el cargo en enero de 2023, anunció su intención de vetar la ley. Lula argumentó que la medida vulnera la independencia judicial y constituye un retroceso en la lucha contra la autoritarismo. El veto, de ser aceptado, podría ser objeto de un nuevo debate constitucional.
Implicancias políticas
El episodio evidencia la profunda polarización que vive Brasil: por un lado, la bancada conservadora busca amortiguar las consecuencias de la condena a su líder; por otro, el gobierno de izquierda y la sociedad civil defienden la integridad de la sentencia como garantía de democracia. La disputa también plantea interrogantes sobre la capacidad del Legislativo para influir en decisiones judiciales.