El lunes 29 de diciembre miles de trabajadores se concentrarán frente a la Legislatura de Córdoba para rechazar el ajuste previsional anunciado por el gobernador Martín Llaryora. La medida, que eleva las retenciones a más del 30 % del salario bruto en algunos sectores, ya generó el primer amparo judicial y aviva el reclamo contra la falta de diálogo con la Nación.
Contexto de la reforma previsional
El gobierno de la provincia de Córdoba, bajo la dirección del gobernador Martín Llaryora, aprobó una reforma del sistema previsional que busca “sanear” el déficit estructural de la Caja de Jubilaciones, estimado en 800 mil millones de pesos. La normativa propone eliminar el Fondo Solidario de Cobertura y Financiación (FOCCA) y sustituir la tasa fija del 4 % por un esquema progresivo de aportes personales, que varía entre el 2 % y el 8 % según los ingresos.
Impacto en los trabajadores
Según los gremios, la nueva escala generará retenciones superiores al 30 % del ingreso bruto en sectores como la magistratura y la banca, lo que ha sido calificado como “confiscatorio”. El secretario general de La Bancaria Córdoba, Ezequiel Morcillo, adelantó que los bancarios podrían ver deducciones entre el 26 % y el 30 % al sumar aportes personales, APROSS y el impuesto a las Ganancias.
Reacciones y críticas
Los gremios denunciaron que la reforma no aborda el déficit real, sino que busca recursos para obras. Además, señalaron la ausencia de balances publicados de la Caja y la falta de claridad sobre los aportes patronales. “No conocemos los movimientos de la Caja, y la medida no saneará el déficit”, manifestó Morcillo.
El gobernador insistió que la medida beneficiará al 74 % de los trabajadores activos (y al 87 % de los docentes) manteniendo sus aportes sin cambios, y que los empleados que ganen menos de 1,3 millones de pesos recibirán un mejoramiento no remunerativo de alrededor de 130 mil pesos.
Acción judicial y protestas
Sin estar publicada todavía en el Boletín Oficial, la reforma ya provocó el primer amparo judicial concedido por el abogado constitucionalista Jorge Horacio Gentile, apenas 24 horas después de su anuncio. Ante la posibilidad de que el Presupuesto Nacional 2026 sea aprobado sin derogaciones de fondos universitarios y de emergencia en discapacidad, los desembolsos de la Nación a Córdoba podrían entrar en una fase crítica.
Los gremios planifican una marcha masiva el lunes 29 de diciembre frente a la Legislatura provincial, exigiendo canales de diálogo y denunciando la “debilidad” del gobierno provincial para reclamar fondos adeudados por la Nación.
Perspectivas legales
Con la reciente designación de Domingo Sesín como presidente del Tribunal Superior de Justicia (23 de diciembre), se anticipa un aumento de litigios contra la reforma. Los abogados de los gremios ya analizan estrategias tanto individuales como colectivas para impugnar la normativa, que consideran viola el convenio de armonización previsional de 2002 entre Córdoba y la Nación.
Fuente: cba24n.com.ar