El magistrado Fernando Pinos Guevara, encargado de la fase inicial del triple femicidio de Florencio Varela, sufrió dos asaltos violentos en menos de un mes y aseguró que forman parte de una campaña de intimidación vinculada al caso, revelando la falta de protección institucional.
Antecedentes del triple femicidio
En septiembre de 2025, Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron secuestradas, torturadas y asesinadas en Florencio Varela, un hecho que desencadenó una investigación compleja por la intervención de bandas del narcotráfico. El juez de Garantías de La Matanza, Fernando Pinos Guevara, dirigió la primera fase del expediente antes de que el caso fuera traspasado al fuero federal.
Primer asalto – 2 de noviembre de 2025
Mientras trasladaba su familia a la casa de su suegra, una vivienda temporal, el magistrado recibió la visita de cinco individuos armados con pistolas 9 milímetros. Le apuntaron a él, a su esposa y a su hijo con armas en la cabeza, le sustrajeron los teléfonos móviles y la camioneta, la cual fue hallada horas después en la zona de Fuerte Apache. El ataque dejó al juez con la sensación de estar bajo una “venganza narco”.
Segundo asalto – 24 de diciembre de 2025
Durante la Nochebuena, los intrusos irrumpieron en la vivienda de la suegra del juez y, tras registrar todo el interior, se llevaron únicamente una consola de videojuegos perteneciente a uno de sus hijos. El magistrado describió el hecho como una acción de intimidación más que un robo por valor económico.
Falta de custodia y denuncia
Pinos Guevara relató haber solicitado custodia policial durante más de ocho años sin éxito. La única medida de protección ofrecida por el municipio se limitó a una puerta de vidrio en la sede judicial. Ante los dos ataques, el juez declaró que la intención era “amedrentarlo para que baje los brazos” en la investigación del triple femicidio.
Repercusiones familiares
Los hijos del magistrado, de 11 y 15 años, han solicitado emigrar a España para escapar del clima de amenazas. El juez admitió vivir con temor constante y, entre lágrimas, expresó que su familia “vive con pánico”.
Conclusión
El caso pone en evidencia la vulnerabilidad de los funcionarios judiciales que enfrentan a organizaciones criminales potentes, así como la insuficiente respuesta de las instituciones de seguridad. El magistrado reiteró su compromiso con la justicia, pero subrayó la necesidad de medidas de protección efectivas.