El PRO volvió a acentuar la tensión con La Libertad Avanza al anunciar que las recientes designaciones en la Auditoría General de la Nación (AGN) fueron resultado de un acuerdo previsible entre LLA y el kirchnerismo, calificándolas de inconstitucionales y presentando un amparo ante la Justicia.
Contexto de la polémica
El 28 de diciembre de 2025, el PRO publicó un comunicado denunciando que la votación del 18 de diciembre para la designación de tres auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN) se realizó bajo un acuerdo ya cerrado entre La Libertad Avanza (LLA), el kirchnerismo (UxP) y el bloque de Innovación Federal.
Detalles de la votación
Durante la sesión extraordinaria del Presupuesto 2026, la Cámara de Diputados aprobó las designaciones con 189 votos, superando ampliamente el umbral de los tres cuartas partes (75 %) necesarios para el tratamiento del proyecto. Según el PRO, este resultado estaba predeterminado y no dependía del voto del partido amarillo.
Los nombramientos controvertidos
- Rita Mónica Almada – propuesta por LLA.
- Juan Ignacio Forlón – indicado por el bloque peronista.
- Pamela Calletti – exdiputada vinculada al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.
La intención original era que los siete auditores, tres designados por la Cámara y cuatro por el Senado, asumieran en un acto conjunto, pero la disputa aceleró los plazos.
La postura del PRO
El PRO señaló que la votación se llevó a cabo “de madrugada, sin transparencia y sobre un tema que no estaba habilitado en la convocatoria a sesiones extraordinarias”, vulnerando el artículo 63 de la Constitución Nacional. El partido justificó su retiro del recinto como rechazo a legitimar una “votación abiertamente inconstitucional”.
Acción judicial
El presidente del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, presentó un recurso de amparo ante la Justicia para que se declare la nulidad de la resolución y se impongan medidas cautelares que impidan que los auditores asuman sus cargos hasta que exista sentencia definitiva.
Reacciones y perspectivas
El PRO reiteró que “no es cómplice de acuerdos a espaldas de la sociedad” y que la judicialización es la única vía para defender la constitucionalidad y la transparencia institucional. El conflicto eleva la tensión entre el PRO y LLA, mientras se anticipan nuevos debates en el Congreso.