A cinco años de la histórica Ley 27.610, el gobierno de Javier Milei no entregó ni un solo lote de misoprostol ni mifepristona, mientras los abortos registrados cayeron y las denuncias por barreras de acceso se triplicaron, según datos de Chequeado y Amnistía Internacional.
Contexto histórico
El 30 de diciembre de 2020, el Senado aprobó la Ley 27.610 que despenalizó el aborto hasta la semana 14, convirtiendo a Argentina en el quinto país latinoamericano en garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) de forma integral.
Descenso de abortos y ausencia de insumos
Según datos oficiales, en 2023 se registraron 107.505 interrupciones voluntarias; en 2024 la cifra bajó a 79.186. El Ministerio de Salud no entregó ningún lote de los medicamentos esenciales misoprostol y mifepristona desde diciembre 2023, ni en 2024 ni en los primeros nueve meses de 2025. En contraste, en 2022 se suministraron 70.293 unidades y en 2023 106.737.
Impacto provincial
En 2024 la provincia de Buenos Aires lideró con 42.360 interrupciones, seguida por Santa Fe (6.327), Tucumán (4.694), Ciudad de Buenos Aires (4.451) y Salta (4.213). Las provincias con menor número fueron Formosa (144), Tierra del Fuego (279), Jujuy (309) y La Pampa (361).
Procedimientos y tiempo de atención
Entre el 84 % y el 96 % de los abortos se realizaron antes de la semana 12, y el 95 % se resolvió dentro del plazo legal de diez días desde la solicitud. El método con medicamentos, principalmente el misoprostol, fue el más utilizado; la aspiración manual endouterina representó menos del 0,5 % de los casos.
Desmantelamiento de políticas de salud sexual
El gobierno de Milei también recortó la distribución de preservativos y anticonceptivos y cerró el Plan ENIA, que había contribuido a reducir los embarazos adolescentes en un 49 % entre 2018 y 2022. La falta de información oficial y la ausencia de los insumos generaron un aumento de tres veces en las denuncias de barreras de acceso, según Amnistía Internacional.
Respuesta de provincias y riesgos futuros
Muchas jurisdicciones tuvieron que comprar los medicamentos por cuenta propia para mantener la atención, pero la falta de previsibilidad y los retrasos en la licitación pública crean incertidumbre. Expertos advierten que, aunque aún no hay un intento legislativo de revertir la ley, la presión del gobierno ultraconservador podría traducirse en futuras restricciones.
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