El Congreso aprobó la Ley de Presupuesto 2026 con 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención, lo que permite al Ejecutivo contar con una mayoría de dos tercios en una cámara historicamente dominada por el kirchnerismo, abriendo la puerta a nombramientos clave sin su acuerdo.
Contexto político
El 30 de diciembre de 2025 el Senado de la Nación sancionó la Ley de Presupuesto 2026, también conocida como “ley de leyes”. La votación quedó en 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención (Alejandra Vigo, senadora de Córdoba). Este resultado otorga al Poder Ejecutivo una mayoría calificada de dos tercios en la cámara alta, requisito indispensable para nombrar a los dos jueces que faltan en la Corte Suprema y al Procurador General de la Nación.
Jugadores clave
Patricia Bullrich, líder del PRO, obtuvo solo dos votos de los 48 necesarios para alcanzar la mayoría de dos tercios, mientras que la abstención de Alejandra Vigo, perteneciente al peronismo antikirchnerista, fue decisiva. Tres legisladores del bloque Convicción Federal (Moisés Andrada, Mendoza y Andrada) votaron con el gobierno mileísta. Sandra Mendoza, cercana al gobernador Osvaldo Jaldo, también se sumó a la bancada pro‑Milei.
Repercusión del voto kirchnerista
Los analistas habían estimado que el bloque kirchnerista contaba con 28 votos seguros; sin embargo, al cerrarse la boleta solo quedaron 25. Tres de los opositores responden al gobernador Gerardo Zamora, quien se mantuvo neutral pese a su historial cercano a Cristina Kirchner.
Implicancias institucionales
Con esta configuración, el gobierno podrá proponer los dos magistrados que completan la Corte Suprema sin necesidad de pactar con la vicepresidenta y la bancada kirchnerista. El presidente del tribunal, Horacio Rosatti, señaló que la presencia de candidatos de prestigio facilitaría la normalización del máximo órgano judicial.
Perspectiva futura
El desmantelamiento del peronismo tradicional avanza, pero aún existen tensiones internas. La capacidad del Ejecutivo para “ingeniería política” y cerrar la brecha institucional será decisiva para la agenda de Reforma que el gobierno planea impulsar durante 2026.