El presidente Javier Milei firmó el 31 de diciembre el DNU 941/25, que reformó la Ley de Inteligencia Nacional otorgando a la SIDE poderes de detención y secrecía total. Legisladores de todas las fuerzas denuncian espionaje político, vigilancia sin control y la creación de una “policía secreta”. El Congreso ya estudia la posibilidad de tratar el decreto de oficio pese a la falta de comisiones bicamerales.
El 31 de diciembre de 2025, a las 19:24 hs, el presidente Javier Milei promulgó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/25, publicado en el Boletín Oficial durante las celebraciones de Año Nuevo. El texto modifica cerca de 40 artículos de la Ley de Inteligencia Nacional (Ley 25.529) y transforma a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en una entidad con amplias facultades coercitivas. Entre los cambios más polémicos destaca la autorización para que agentes de la SIDE detengan a personas sin orden judicial, la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM) y la transferencia de competencias de inteligencia al Estado Mayor Conjunto, lo que reduce al Ministerio de Defensa a un rol meramente operativo. Asimismo, se declara “encubierta” la totalidad de las actividades de inteligencia, creando una “caja negra” financiada con fondos reservados, y se otorga a la SIDE la capacidad de ejercer contrainteligencia sin límites claros.
Las críticas surgieron de inmediato. El diputado Esteban Paulón denunció que el decreto “vuelve el espionaje político”, define a activistas, opositores y periodistas como riesgos y otorga una carta blanca a la SIDE. Lorentz Moreau, ex presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización, lo calificó como la creación de una “policía secreta”. El exministro de Defensa Agustín Rossi señaló que la reforma elimina el control civil sobre la inteligencia militar y otorga autonomía al Estado Mayor Conjunto, rompiendo el equilibrio entre Defensa Nacional y Seguridad Interior. Juristas como Daniel Sabsay y Roberto Gargarella calificaron el DNU de “aberración” e “inconstitucional”.
En el Congreso, la oposición peronista ya ha iniciado gestiones para que el decreto sea tratado de oficio. El artículo 20 del reglamento de la Ley 26.122 permite el “tratamiento expreso e inmediato” del DNU una vez transcurridos diez días hábiles desde su remisión a la Jefatura de Gabinete. Ante la ausencia de la Comisión Bicameral de Inteligencia, el diputado Germán Martínez solicitó al jefe de gabinete Martín Menem la constitución de las comisiones necesarias para dictaminar el DNU. Simultáneamente, una resolutiva presentada por la diputada Lorena Pokoik y varios colegas busca rechazar el decreto al considerarlo una alteración sustancial del sistema democrático.
El DNU también dispara controversias sobre la gestión de fondos reservados. Organismos como la Asociación Argentina de Juristas (AAJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advierten que la medida podría revivir prácticas de espionaje y control económico de la ciudadanía, recordando casos como la manipulación de la investigación del atentado contra la AMIA.
Mientras tanto, el gobierno defiende la reforma argumentando que responde a los “más altos estándares democráticos y republicanos” y que busca racionalizar la estructura de inteligencia ante los desafíos del siglo XXI. Sin embargo, la presión parlamentaria y las denuncias de organizaciones de derechos humanos indican que el futuro del DNU 941/25 está en juego, con la posibilidad de que el Congreso lo rechace o que el Poder Judicial se pronuncie sobre su constitucionalidad.
Fuentes: https://www.rosario3.com/politica/todos-espiados-y-una-nueva-policia-secreta-con-caja-negra-las-criticas-al-ultimo-decreto-de-milei-20260102-0030.html ; https://www.lapoliticaonline.com/congreso/el-congreso-puede-tratar-el-dnu-de-la-side-aunque-menem-y-villarruel-no-conformen-las-bicamerales-5540/