En una operación militar sin precedentes, fuerzas estadounidenses detuvieron al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores el sábado 4 de enero, trasladándolos al Metropolitan Detention Center de Nueva York. El hecho desencadena una serie de reacciones internacionales y abre la puerta a posibles negociaciones de transición.
Operación y detención
El sábado 4 de enero de 2026 el ejército de Estados Unidos ejecutó la llamada “Operación Resolución Absoluta” en Caracas, capturando al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. Tras ser ingresados a la Metropolitan Detention Center de Nueva York, ambos enfrentarán cargos de narcoterrorismo ante la justicia federal estadounidense.
Reacciones desde Washington
El presidente Donald Trump declaró que Estados Unidos “está a cargo” de Venezuela y que el país “será gobernado” mientras se prepara una “cuarentena petrolera”. Sin embargo, el secretario de Estado Marco Rubio matizó, indicando que la medida será una presión para lograr una transición democrática sin una ocupación prolongada.
Respuesta del gobierno venezolano
La presidenta interina Delcy Rodríguez lanzó un llamado al diálogo, resaltando la “vocación de paz” de Venezuela y solicitando respeto a la soberanía nacional. En un comunicado dirigido a “el mundo y a los Estados Unidos”, afirmó que la nación merece una solución negociada y no una guerra de poder.
Posición de la comunidad internacional
Un comunicado conjunto de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España rechazó cualquier intento de control externo sobre los recursos estratégicos de Venezuela. La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, pidió calma y moderación para evitar una escalada. Por su parte, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, reiteró su apoyo a una transición liderada por Venezuela, sin la intervención directa de EE. UU.
Impacto interno y perspectivas
La captura marca el fin de 12 años de gobierno chavista, periodo en el que la economía se redujo al 28 % de su nivel de 2013 y más de 7,9 millones de venezolanos emigraron, según la ACNUR. Las denuncias de violaciones de derechos humanos, detenciones políticas y crisis humanitaria siguen vigentes mientras se definirá el futuro político del país.