El presidente argentino, Javier Milei, anunció que está considerando usar su facultad de veto sobre el Presupuesto Nacional 2026, después de intensas discrepancias con los partidos que integran su coalición. La medida, inusual en la historia reciente, pone en evidencia la fricción entre la agenda de ajuste fiscal del mandatario y las demandas de gasto de sus aliados.

Contexto político y económico

Javier Milei, presidente de la República desde diciembre de 2023, ha impulsado una agenda de liberalismo económico centrada en la reducción del déficit fiscal, la eliminación de subsidios y una profunda reforma del Estado. El Presupuesto Nacional 2026 es la pieza legislativa que definiría el marco de ingresos y gastos del país para el próximo ejercicio, y su aprobación depende del Congreso.

¿Qué implica un veto presidencial?

En la Constitución argentina, el presidente tiene la potestad de vetar total o parcialmente proyectos de ley aprobados por ambas cámaras. Un veto total obliga al Congreso a reconsiderar el proyecto o a mantenerlo sin modificaciones, mientras que un veto parcial permite al ejecutivo excluir artículos específicos.

Motivos del posible veto

Según fuentes cercanas al gobierno, la decisión surge por la presión de los socios de la coalición, principalmente del bloque “Juntos por el Cambio” y de liderazgos internos del Frente de Todos, que demandan mayores asignaciones para salud, educación y programas sociales. Milei argumenta que esas exigencias comprometen el objetivo de lograr un déficit inferior al 3?% del PIB, metas establecidas en su programa económico.

Reacciones dentro del Congreso

Los legisladores aliados han manifestado su inconformidad, señalando que el veto podría desestabilizar la negociación y generar incertidumbre en los mercados. Por su parte, la oposición ha calificado la medida como “una demostración de autoritarismo” y ha pedido una reunión urgente para encontrar consensos.

Implicancias para la reforma laboral

El presupuesto también incluye disposiciones clave para la reforma laboral propuesta por Milei, que busca flexibilizar contratos y reducir la carga impositiva a los empleadores. Un veto retrasaría la puesta en marcha de esas normas y podría afectar los planes de inversión del sector privado.

Próximos pasos

El presidente tiene hasta el 30 de diciembre de 2025 para ejercer su veto, periodo en el que se esperan intensas negociaciones entre el Ejecutivo y el Congreso. La decisión final será anunciada en una rueda de prensa programada para la próxima semana.