El Gobierno de Javier Milei anunció que el proyecto de reforma laboral, que buscaba reducir indemnizaciones y limitar el derecho a huelga, será replanteado para al menos febrero de 2026. La medida se produce tras la aprobación del presupuesto y una masiva protesta de la CGT y otras centrales en la Plaza de Mayo, que denunciaron la normativa como regresiva y precaria.

Contexto político y económico

El 18 de diciembre de 2025 la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto nacional presentado por el Ejecutivo, pero rechazó la intención de reasignar fondos a universidades y al sistema de discapacidad. Esa derrota paralela a la del proyecto de reforma laboral debilitó la coalición de ultraderecha que lidera Milei.

Contenido de la reforma laboral

La iniciativa, impulsada por el Gobierno, propone:

• Reducción de las indemnizaciones por despido.
• Disminución de los aportes patronales.
• Flexibilización de la negociación salarial y posible derogación de algunos convenios colectivos.
• Límite del derecho a huelga, reduciéndolo al 25% de la actividad en sectores críticos.

Expertos explican que la indemnización es la compensación que corresponde al trabajador al ser despedido sin causa, mientras que un convenio colectivo es el acuerdo firmado entre los sindicatos y las empresas que regula salarios, condiciones y beneficios.

Protestas en la Plaza de Mayo

Horas después de la votación, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) organizaron una marcha masiva en la Plaza de Mayo. Se observaron banderas de aceiteros, docentes, empleados de comercio, camioneros y otros sectores. Los manifestantes corearon consignas como "No a la reforma laboral" y "En defensa del trabajo y la dignidad", mientras los dirigentes sindicales denunciaron la normativa como "regresiva y precarizadora".

Decisión de postergación

Ante la derrota parlamentaria y la presión social, el Ejecutivo comunicó que el debate del proyecto será pospuesto hasta febrero de 2026, cuando se reanudarán sesiones extraordinarias del Congreso. La medida busca ganar tiempo para negociar con los sindicatos y corregir posibles vulnerabilidades legales.

Impacto económico estimado

Según los propios sindicatos, Argentina ha perdido 276.000 puestos de trabajo y ha visto cerrar 20.000 pequeñas y medianas empresas desde la toma de posesión del gobierno. La reforma pretende revertir esa tendencia mediante la reducción de costos laborales, aunque los críticos advierten que podría profundizar la informalidad.

Próximos pasos

Se espera que en febrero de 2026 se retome el debate en el Senado y la Cámara de Diputados, con la posibilidad de introducir cambios basados en las exigencias sindicales. Mientras tanto, el gobierno deberá articular un nuevo plan de financiamiento para la indemnización, conocido como Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que será clave para la viabilidad del proyecto.