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23/12/2025 12:31 • POLITICA • POLITICA
El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, dictó el procesamiento el 23 de diciembre de 2025 contra Micaela Sánchez, tesorera de la financiera Sur Finanzas, y los custodios Sergio Da Silveira y Juan Cervín. Los imputados fueron acusados de encubrimiento agravado tras ser detenidos mientras retiraban computadoras y documentación de un almacén ubicado en la Avenida Hipólito Yrigoyen 11.800, Turdera.
Durante la intervención policial se confiscaron seis teléfonos celulares, abundante documentación, expedientes y el CPU de una computadora. En el depósito también se hallaron cajas fuertes tipo bóveda, cajeros automáticos y gran cantidad de papeles vinculados a la operativa de Sur Finanzas.
El magistrado concedió prisión domiciliaria a los tres procesados mientras avanza la investigación.
Sur Finanzas, propiedad del empresario Ariel Vallejo, está bajo investigación por presunto lavado de dinero a través de préstamos inflados a clubes de fútbol con problemas económicos. La financiera mantiene estrechos vínculos con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia.
Micaela Sánchez declaró que trabajaba como contadora y tesorera de la firma y que fue enviada a vaciar computadoras y retirar documentación, pero se negó a precisar quién dio la orden de “vaciar todo”.
Tras la detención en Turdera, la policía allanó el domicilio de Sánchez, a unas 20 cuadras del galpón, encontrando computadoras, material de interés para la causa y las llaves de las cajas fuertes incautadas.
Hasta la fecha, la investigación ha comprendido seis allanamientos en sedes de Sur Finanzas y el secuestro de más de 50 teléfonos celulares, entre ellos el de Ariel Vallejo. La documentación incautada involucra a unas 20 asociaciones, incluyendo clubes de primera división, de ascenso, la AFA y la Liga Profesional de Fútbol. Entre los contratos hallados destacan acuerdos con la Liga Profesional por 600 millones de pesos más IVA y con el Consejo Federal por 200 millones de pesos más IVA, ambos en diez cuotas.
El juez Armella autorizó la apertura y análisis de los celulares incautados, en colaboración con la fiscal federal Cecilia Incardona, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Dirección de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía Federal Argentina.