La Secretaría de Energía extendió por cinco años la autorización de operación de dos hidroeléctricas de baja potencia, elevando a 21 el total de centrales con prórroga. La medida, formalizada en la Resolución 595/2025, cubre instalaciones en seis provincias y suma 566,37?MW, aproximadamente el 1,2?% del parque energético nacional.

Detalle de la prórroga

El 26 de diciembre de 2025, mediante la Resolución 595/2025 publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina (ver documento oficial), la Secretaría de Energía concedió una extensión de cinco años a la autorización de operación de las hidroeléctricas de baja potencia. La medida se suma a la prórroga ya otorgada el 24 de diciembre a la central La?Lujanita (1,7?MW) ubicada en Luján, Buenos?Aires.

Centros beneficiados

Con esta última autorización, ahora son 21 las centrales cuyo plazo de operación se prolonga hasta el 31 de diciembre de 2030. Entre las recién incluidas destacan:

• San?Martín (GEMSA) en la provincia de Córdoba – 6,48?MW
• La?Lujanita en Luján, Buenos?Aires – 1,7?MW

Las plantas están distribuidas en seis provincias:

• Mendoza: Cacheuta, Tiburcio?Benegas, Nihuil?IV, Lulunta, El?Carrizal, Triple?Salto?Unificado, Canal?Cacique?Guaymallén?Salto, Cacique?Guaymallén?Salto?N°?8, Álvarez?Condarco, Los?Coroneles, San?Martín
• San?Juan: Los?Caracoles, Salto de La?Loma, Punta?Negra, Quebrada de Ullum, Cuesta?del?Viento
• Jujuy: Las?Maderas, Los?Reyes
• La?Pampa: Casa de Piedra
• Río?Negro: Río?Escondido
• Buenos?Aires: La?Lujanita

Impacto en el mix energético

El conjunto de estas 21 centrales aporta un total de 566,37?MW, lo que representa cerca del 1,2?% del parque energético argentino, estimado en aproximadamente 45.000?MW. Aunque su participación es modesta, estas plantas de baja potencia son estratégicas: operan de forma flexible, permiten una mayor integración de fuentes renovables y alivian la presión sobre el Sistema Argentino de Distribución (SADI), que se vuelve crítico cuando la demanda supera los 30.000?MW.

Contexto y perspectivas

Las hidroeléctricas de baja potencia, definidas como aquellas con una capacidad instalada inferior a 10?MW, juegan un rol esencial en la diversificación de la matriz energética y en la reducción de la dependencia de combustibles fósiles. La extensión de sus autorizaciones refleja la política pública orientada a fomentar la generación renovable distribuida, especialmente en regiones donde el recurso hídrico es abundante.

Con la prórroga hasta 2030, los operadores podrán planificar inversiones en modernización y mantenimiento, garantizando la continuidad del suministro y la seguridad del sistema eléctrico nacional.

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