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30/12/2025 07:47 • POLITICA • POLITICA
El 30 de diciembre de 2025 se dio a conocer que la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) están investigando una denuncia presentada por el abogado Gilberto M. Garcia en representación del empresario Guillermo Tofoni. La denuncia señala un posible circuito oculto de fondos generados por la comercialización internacional de la Selección argentina.
Según los documentos adjuntos, se habrían transferido 19?millones de dólares a la empresa estadounidense TourProdEnter?LLC, vinculada a Javier Faroni y Erica Gillette, sin que el dinero ingresara al sistema financiero argentino. Los contratos citados incluyen un amistoso en Beijing de 5?millones de dólares y un patrocinio con Binance Investments de 12?millones, ambos supuestamente devueltos a cuentas en EE.?UU.
Los denunciantes estiman que el total de ingresos internacionales de la AFA en 2023?2024 podría alcanzar unos 300?millones de dólares. De ese monto, sólo se han identificado los 19?millones mencionados, pero se advierte que representan una muestra de una operativa mucho mayor.
El Ministerio de Seguridad, mediante una carta fechada el 2 de septiembre de 2025, dirigió al fiscal Jason A. Reding?Quiñones su “pleno respaldo” a la investigación y se puso a disposición para cooperar con la Fiscalía y con el Departamento del Tesoro de EE.?UU. El texto subraya que los hechos podrían constituir violaciones a la legislación tributaria, anticorrupción y normas de prevención de lavado de dinero tanto argentinas como estadounidenses.
El expediente señala al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, como la figura central que autoriza y firma los contratos internacionales y controla los flujos financieros de la entidad. La ausencia de auditorías independientes y controles internos internos se menciona como factor que facilitó la supuesta maniobra.
FinCEN y la Fiscalía de Florida continúan la fase de análisis preliminar. El caso sigue abierto y dependerá de la elaboración de pruebas adicionales para determinar la responsabilidad penal de los involucrados y la posible recuperación de los fondos desviados.