En la última sesión del año, la Cámara de Diputados de Santa Cruz votó a favor del pago parcial de salarios a los cuatro vocales recién incorporados al Tribunal Superior de Justicia, tras la polémica ampliación del tribunal y la intervención de la Corte Suprema de la Nación.

Antecedentes y contexto

La Ley Provincial N° 3949, aprobada el 28 de agosto de 2025, amplió el número de integrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de cinco a nueve miembros. Esta ampliación generó una serie de recursos de amparo, encabezados por Franco Mascheroni, secretario general del gremio de empleados judiciales, que solicitó declarar la inconstitucionalidad de la norma.

Decisión legislativa

El 27 de diciembre de 2025 la Cámara de Diputados aprobó, mediante una modificatoria a la Ley de Presupuesto 2026, el pago del 50?% del sueldo a los cuatro nuevos vocales del TSJ: Sergio Acevedo, Gabriel Contreras, Lucio De la Vega y José Antonio González Nora. La votación quedó 13 afirmativos, 10 negativos y una abstención.

Fundamento jurídico

El proyecto se sustentó en el carácter alimentario del salario, citando la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen al salario como un derecho fundamental. Se remarcó el precedente del exvocal Fernando Basanta, quien percibió la mitad de su remuneración durante el juicio político que lo afectó.

Intervención de la Corte Suprema

El 18 de diciembre de 2025 la Corte Suprema de Justicia de la Nación advirtió al TSJ de Santa Cruz sobre la nulidad de decisiones adoptadas por un solo vocal, subrayando la necesidad de que el pleno del tribunal actúe para validar sus fallos. La Corte ordenó que el recurso extraordinario presentado por los vocales Acevedo y González Nora sea oído en pleno, declarando nulo el acto unilateral de la Dra. Renée Fernández.

Escenarios futuros

Si la Ley 3949 es declarada constitucional mediante sentencia firme, el gasto generado por los pagos parciales se imputará definitivamente al presupuesto 2026 del Poder Judicial. En caso de que sea declarada inconstitucional, el pago se suspenderá y el Estado provincial podrá recuperar los fondos abonados.

Reacciones y opiniones

La diputada Adriana Nieto argumentó que la falta de remuneración vulneraba derechos básicos y citó la obligación del Estado de garantizar los haberes a los funcionarios que ya renunciaron a sus empleos anteriores para asumir el cargo. Por su parte, el diputado Pedro Muñoz (ARI?CC) describió la situación como una “inestabilidad institucional” que probablemente será resuelta por la Corte Suprema.