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01/01/2026 14:13 • SOCIALES • SOCIALES
El domingo 29 de diciembre de 2025 la actriz Romina Gaetani sufrió una agresión física en la residencia del ex?pareja Luis Cavanagh, ubicada en el complejo Tortuguitas Country Club, Pilar. Tras el incidente, la actriz fue trasladada de urgencia al Hospital Central de Pilar, donde se constató un estado de shock, nerviosismo y lesiones visibles en brazos y cadera.
El 31 de diciembre de 2025 el abogado de Gaetani, Ignacio Trimarco, confirmó que la actriz ratificó formalmente la denuncia por violencia de género ante la Fiscalía. Según explicó, la intervención judicial se activó de oficio al momento del ingreso al centro de salud, siguiendo el protocolo obligatorio para casos de violencia de género.
Tras la ratificación, la Justicia puso a disposición de la denunciante todas las medidas cautelares previstas por la ley, incluida una orden de alejamiento (perimetral). Gaetani decidió dejar la medida en suspenso, argumentando que necesitaba tiempo para procesar la situación emocional y que, en ese momento, no se encontraba en condiciones de aceptar la restricción.
El periodista Mauro Szeta, en el programa "Lape Club Social" de América TV, explicó que la decisión puede estar influida por la dinámica psicológica de la víctima, quien a veces evita que el agresor tenga un argumento legal para volver a acercarse.
El abogado Trimarco informó que se ha presentado como parte damnificada en el expediente y que se solicitarán medidas de protección adicionales. Luis Cavanagh ya fue notificado bajo el artículo 60 del Código Procesal y podrá ejercer su derecho a defensa.
Se espera que el Cuerpo Médico Forense evalúe las lesiones para determinar su gravedad definitiva y que, en caso de requerirse, la fiscalía emita una medida de retención o restricción de acercamiento sin necesidad de que la víctima la solicite expresamente.
El caso ha generado amplio debate en medios y redes sociales sobre la complejidad de las decisiones de las víctimas de violencia de género. Diversos analistas señalan que la denuncia pública de una figura mediática puede servir tanto como mecanismo de protección como de vulnerabilidad ante el escrutinio.
En resumen, la causa sigue su curso judicial, con la posibilidad de que en próximas etapas se impongan medidas preventivas a cargo del Estado, independientemente de la voluntad de la denunciante.