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05/01/2026 22:04 • POLITICA • POLITICA
El fiscal federal Carlos Stornelli presentó el lunes una petición formal ante el juez Sebastián Ramos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2. La solicitud, incluida en el expediente CFP N° 2001/2023, busca activar el procedimiento de extradición activa de Nicolás Maduro Moros para que preste declaración indagatoria en la causa que investiga presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
Stornelli argumentó que la detención de Maduro en territorio estadounidense abre una vía fáctica para hacer efectiva la orden de captura internacional dictada por la Corte Federal de Buenos Aires en septiembre de 2024. La petición cuenta con el respaldo de las querellas presentadas por el Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y la Fundación de Apolo para el Desarrollo Democrático (FADD).
Maduro fue trasladado a un tribunal federal de Nueva York donde, bajo la presidencia del juez Alvin Hellerstein, se inició el proceso penal por cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de armas de guerra y otros delitos. En la audiencia inicial, el mandatario se declaró no culpable de los cuatro cargos.
El próximo comparecencia está prevista para el 17 de marzo de 2026, cuando Maduro seguirá detenido en la cárcel de Brooklyn a la espera de la conclusión del proceso.
Si el juez Ramos acoge la solicitud, se enviará un exhorto diplomático a Estados Unidos para que se realice la extradición. La normativa de asistencia jurídica internacional y los tratados vigentes entre Argentina y EE.UU. regularán el traslado del imputado.
La causa argentina se sustenta en la doctrina de jurisdicción universal, que permite a los tribunales del país investigar crímenes graves cuando no existen garantías de justicia en el lugar de los hechos.
La orden de captura contra Maduro fue emitida en septiembre de 2024 luego de que la Cámara Federal porteña ordenara la reapertura de la investigación y solicitara la activación de alertas rojas de Interpol. La orden incluye a otros funcionarios del régimen, entre ellos Diosdado Cabello.
Con esta petición, Argentina busca reforzar su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la persecución de crímenes de lesa humanidad a nivel global.