El gobierno venezolano activó, el 5 de enero de 2026, un Estado de Conmoción Exterior de 90 días, ampliando poderes ejecutivos, militarizando sectores clave y ordenando la captura de cualquier persona que haya respaldado la ofensiva militar estadounidense que llevó al arresto del presidente Nicolás Maduro.

Contexto y publicación del decreto

El lunes 5 de enero de 2026 el gobierno de Venezuela dio a conocer en la Gaceta Oficial el decreto de Estado de Conmoción Exterior, con fecha del sábado 4 de enero. El documento lleva la firma del presidente Nicolás Maduro, quien había sido detenido esa madrugada por fuerzas estadounidenses y trasladado a Nueva York, y fue refrendado por la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Alcance y duración

El decreto tiene rango de ley, establece una vigencia inicial de 90 días y permite una prórroga de otros 90 días, lo que podría extender el estado de excepción hasta mediados de junio de 2026.

Facultades ampliadas

Entre las atribuciones más relevantes se encuentran:

• Orden a los cuerpos de policía nacionales, estatales y municipales de buscar y detener de forma inmediata a toda persona que haya promovido o apoyado el ataque armado de EE.UU. contra Venezuela.
• Militarización de la infraestructura de servicios públicos, la industria petrolera y demás industrias básicas del Estado; el personal de estos sectores quedará bajo régimen militar temporal.
• Facultad para requisar bienes considerados necesarios para la defensa nacional.
• Suspensión de derechos de reunión y manifestación pública, y la posibilidad de adoptar cualquier otra medida que el Ejecutivo estime indispensable para proteger al pueblo.

El texto señala que se mantendrán garantías como el derecho a la vida y a la libertad personal, aunque reconoce la posibilidad de restringir otras garantías constitucionales durante la vigencia del decreto.

Marco legal previo

En 2024 el gobierno aprobó una ley que penaliza a los venezolanos que apoyen sanciones internacionales o acciones calificadas como “daño extranjero”, con penas que incluyen inhabilitación política de por vida y confiscación de bienes. El nuevo decreto de excepción incorpora esas disposiciones, ampliando su alcance bajo el paraguas del Estado de Conmoción Exterior, figura constitucional que, desde la Carta Magna de 1999, solo se activa en casos de grave amenaza a la seguridad nacional.

Posibles contrapesos institucionales

Formalmente la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia podrían revisar o revocar el decreto, pero ambos órganos están controlados por la coalición chavista, lo que limita la existencia de contrapesos efectivos.

Llamado al patriotismo

El decreto concluye exhortando a la población a asumir la defensa de la nación con “fervor patriótico”, reforzando una narrativa de unidad frente a la intervención extranjera.

Impacto esperado

La activación del Estado de Conmoción Exterior marca la primera vez que Venezuela emplea esta figura desde la reforma constitucional de 1999, anunciando un periodo de control político y social intensificado que afectará tanto a la vida cotidiana como al entorno económico del país.