Apenas un día después de la promesa del gobierno de liberar a un número importante de detenidos, las organizaciones de derechos humanos confirmaron que este domingo no se produjeron nuevas excarcelaciones. Sólo 17 presos políticos fueron liberados desde el 8 de enero, mientras 803 permanecen recluidos en centros como El Rodeo I y El Helicoide.

Contexto y anuncio oficial

El jueves 8 de enero el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez declaró que el gobierno chavista iniciaría la liberación inmediata de un número importante de presos políticos y extranjeros como gesto de paz. La medida surgió en medio de intensa presión internacional, especialmente de Estados Unidos, y después de la captura del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

Lo que reportan las ONG

El Foro Penal, principal organización que documenta la persecución en Venezuela, informó que desde el anuncio solo se han verificado 17 excarcelaciones. El balance indica que 803 personas siguen privadas de libertad por motivos políticos, entre ellos opositores, periodistas, activistas y militares acusados de conspiración.

Familiares en la calle

El domingo las familias se congregaron nuevamente frente al penal El Rodeo I, situado en Guatire, Miranda, a unos 30 kilómetros de Caracas, con la esperanza de recibir nuevas liberaciones. Aurora Silva, esposa del dirigente opositor Freddy Superlano, confirmó haber visto a su marido con buen estado de salud, pero sin indicios de una próxima excarcelación.

Quiénes fueron liberados recientemente

Entre los liberados figuran varios ciudadanos con doble nacionalidad, incluidos españoles y italianos, así como la activista Rocío San Miguel, de nacionalidad española, detenida en 2024. Sin embargo, la cantidad liberada dista mucho de lo prometido por el gobierno.

Reacciones y perspectivas

Organizaciones de derechos humanos califican el proceso como "a cuentagotas" y exigen transparancia, listas oficiales y criterios claros. El presidente de la ONG advierte que la liberación selectiva no implica un cambio estructural en la política de represión del régimen.