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13/01/2026 13:03 • POLITICA • POLITICA
El organismo de control estatal, la Inspección General de Justicia (IGJ), dependiente del Ministerio de Justicia, solicitó explicaciones a la AFA y a la Superliga Profesional de Fútbol sobre supuestas inconsistencias en sus balances contables. Según la IGJ, los estados financieros de ambas entidades presentan movimientos de fondos que superan los US$450 millones acumulados entre 2017 y 2024.
Las cifras reclaman una mayor transparencia respecto a gastos e inversiones que, según la IGJ, no estarían contemplados dentro de los estatutos sociales de ambas organizaciones.
Las audiencias comenzaron el 12 de enero de 2026. El auditor de la Superliga, Fernando Dubois, compareció el miércoles para explicar los balances de 2020?2024. Al día siguiente, los contadores de la AFA —Claudia Carraro, Umberto Mucelli y Claudio Bisurgi— deberán responder por los ejercicios 2017?2024.
El Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, advirtió que el incumplimiento del plazo fijado para el 20 de enero de 2026 podría derivar en sanciones económicas severas para la entidad y sus directivos. Asimismo, el titular de la IGJ, Daniel Vítolo, comentó que, de no obtener respuestas satisfactorias, se podría solicitar al Ministerio la designación de un veedor contable que inspeccione los libros de la AFA y la Superliga.
En su comunicado oficial, la AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia y con el tesorero Pablo Toviggino, sostuvo haber presentado toda la documentación requerida dentro de los plazos establecidos y subrayó que solo una observación fue notificada y atendida de inmediato. La asociación denunció demoras de más de 700 días hábiles por parte de la IGJ para analizar los expedientes y aseguró que nunca recibió una intimación formal válida.
El conflicto pone de relieve la tensión entre el Poder Ejecutivo y una de las instituciones deportivas más influyentes del país. La IGJ comparó la magnitud del caso con el escándalo FIFA?Gate, señalando que, de confirmarse desvíos o irregularidades, el impacto económico y reputacional podría superar los US$200 millones del caso internacional.
Para seguimiento de la audiencia y posibles decisiones judiciales, consulte las fuentes originales: