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19/01/2026 22:06 • POLITICA • POLITICA
El 10 de enero de 2026 el gobierno de Nicaragua comunicó la salida de 30 personas de prisión bajo la premisa de “convivencia familiar”. Organismos de derechos humanos señalaron que al menos 24 de los liberados eran presos políticos.
Los excarcelados continúan bajo estricta vigilancia: deben presentarse diariamente ante la Policía, tienen movilidad restringida y no pueden usar redes sociales ni emitir declaraciones públicas, lo que los mantiene en una situación de rehenes administrativos.
El término, utilizado por la exguerrillera y opositora Dora María Téllez, describe la dinámica en la que el régimen abre una puerta para mostrar flexibilidad mientras cierra otra para reforzar su “banco de presos políticos”.
En la misma semana se registraron más de 60 detenciones de ciudadanos que manifestaron apoyo a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, evidenciando la selectividad punitiva del gobierno.
Hasta diciembre de 2025 se contabilizaban 62 presos políticos. Tras la excarcelación parcial de enero, quedaron 38 de ese grupo, a los que se sumaron 49 personas arrestadas en redadas posteriores, elevando el total a 87 presos políticos. Las cifras podrían ser mayores por subregistro y temor de las familias a denunciar.
El caso de Marvin Vargas, “El Cachorro”, el preso político más antiguo, ilustra la dureza del sistema: a pesar de cumplir su condena, permanece aislado en una celda de castigo. Otros detenidos incluyen exfuncionarios, líderes indígenas y mujeres, quienes no fueron incluidos en las liberaciones.
La medida se produjo una semana después de la captura de Nicolás Maduro por EE.?UU., evento que alteró el tablero político de la región. La liberación fue interpretada como un gesto de “buena voluntad” hacia Washington, mientras la presión externa sobre el régimen nicaragüense se intensifica.
En suma, la estrategia de Ortega combina liberalizaciones superficiales y una creciente ola de detenciones para mantener el control interno y gestionar la imagen internacional.