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22/01/2026 08:06 • POLITICA • POLITICA
Entre el 18 y el 22 de diciembre de 2025, el joven de Santo Tomé, Jeremías Monzón, 15 años, fue hallado sin vida en los restos de una fábrica abandonada frente a la rotonda del Estadio Colón, en Santa Fe. La autopsia confirmó más de 20 puñaladas a sangre viva, realizadas con un cuchillo y un objeto metálico similar a un destornillador.
El caso involucra a tres adolescentes: una chica de 16 años, identificada como la novia de la víctima y actualmente detenida en un centro cerrado para menores; un chico de 15 años y otro de 14 años, ambos imputados pero no punibles por su edad según la legislación vigente.
Los agresores grabaron el asesinato con un celular; la grabación de cuatro minutos se difundió en redes sociales, grupos de Telegram y canales de WhatsApp. En el audio se escuchan los asesinos exigir a la víctima la “clave y los videos del celular”. La difusión generó una ola de indignación y fue utilizada como evidencia para la identificación de los culpables.
El abogado Bruno Rugna, representante de los familiares de Jeremías, pidió a la comunidad y a los medios que detengan la viralización del video, argumentando que su circulación solo incrementa el dolor de los allegados y vulnera la dignidad de la víctima. Rugna explicó que el material forma parte del proceso judicial y su explotación fuera del juicio constituye un uso indebido con fines de entretenimiento.
En una conferencia de prensa el 21 de enero de 2026 en Santa Fe, Pullaro fue consultado sobre el caso y, sin puntualizar detalles, reafirmó su posición previamente expresada ante el Congreso: la edad de imputabilidad debe evaluarse por el delito cometido, no por la edad del autor. Declaró: “Un chico de 14 años sabe lo que hace, y la justicia debe responsabilizarlo como a cualquier adulto”.
El gobernador recordó que, durante su gestión como ministro de Seguridad (2015?2019), presenció casos de violencia extrema que le llevaron a replantear la visión tradicional de la impunidad juvenil.
El Código Penal actual establece la edad mínima de responsabilidad penal a los 18 años, con excepciones para menores de 16 que pueden ser imputados si demuestran capacidad de comprensión del hecho. La propuesta de Pullaro implicaría una reforma que permitiría juzgar a menores de 14 años como adultos, generando un debate amplio entre juristas, defensores de derechos infantiles y la sociedad.
El caso ha reavivado el debate sobre la violencia juvenil, la difusión de material gráfico en internet y la necesidad de proteger a las víctimas y sus familias. Organizaciones de derechos humanos piden reforzar los protocolos de manejo de pruebas audiovisuales y garantizar que la exposición pública no se convierta en espectáculo.