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22/01/2026 13:11 • POLITICA • POLITICA
El miércoles 21 de enero de 2026, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, confirmó la autenticidad de unas fotografías que lo mostraban en una playa del Caribe, específicamente en Aruba, mientras la provincia enfrentaba una serie de inundaciones sin precedentes. Las imágenes, aunque no revelan su origen exacto, fueron validadas por la Casa de Gobierno y generaron gran revuelo en redes sociales.
En el interior de la provincia, municipios como Lules han sufrido graves daños: rutas completamente destruidas, calles anegadas, desbordes de ríos y evacuaciones de familias. Vecinos publicaron en redes fotos de casas bajo el agua y de conducciones imposibles de transitar, evidenciando la falta de infraestructura hidráulica adecuada.
El gobierno provincial anunció la asignación de 4.500 millones de pesos para proyectos de mitigación de inundaciones distribuidos entre municipios y comunas. Asimismo, se informó una licitación de obras por alrededor de 2.000 millones de pesos para mejorar drenajes y evitar futuros anegamientos. Sin embargo, múltiples sectores critican que esos recursos no se traduzcan en soluciones definitivas en el terreno.
La crisis se agrava con un ajuste tarifario del 13,4?% en la luz previsto para febrero, que impacta a los hogares de menores ingresos. Además, la reforma laboral impulsada a nivel nacional por el presidente Javier Milei genera tensiones entre sindicatos y dirigentes locales, que podrían respaldar medidas consideradas regresivas para los trabajadores.
Figuras del peronismo, dirigentes comunales, incluida la intendenta de Lules, denunciaron la falta de inversión estructural y pidieron una planificación más estratégica de cuencas y sistemas pluviales. El Frente de Izquierda Unidad (PTS) hizo un llamado a la organización popular para enfrentar la situación y evitar que la política continúe priorizando lujos personales sobre necesidades básicas.
Las imágenes del gobernador en Aruba, mientras la provincia se debate entre el barro y la escasez de recursos, representan un símbolo de la brecha entre la clase política y la ciudadanía. La presión social y la demanda de respuestas efectivas se intensifican, marcando un punto crítico para la gestión pública en Tucumán.