Ignacio Castro, ex periodista y empresario mendocino, contó en sus redes que la propietaria de una cochera alquilada en Chile le exigió abandonarla antes del plazo y lo amenazó con la intervención de familiares agresivos, pese a haber pagado el servicio.

Detalles del conflicto

El 25 de enero de 2026, Ignacio Castro publicó en Instagram una serie de audios donde relata que una mujer chilena, a quien identificó como "Ana María", le solicitó que retirara su vehículo de una cochera alquilada en un edificio donde se hospedaba de vacaciones. Castro había pagado la totalidad del alquiler y la reserva estaba confirmada.

Exigencia y amenaza

En el primer audio, Castro expresa su sorpresa y mantiene un tono calmado: “¿Qué problema? ¿Cómo me vas a sacar el estacionamiento que ya te alquilé, te reservé y te pagué?” La respuesta de la propietaria indica que necesita el espacio "sí o sí" y que no reembolsará el importe completo, ofreciendo sólo una suma menor. Finalmente, la mujer amenaza: "Ahora voy a llamar a mi marido y a mi primo. No quiero llegar a eso porque mis primos son demasiado agresivos. Sería bueno que saques el auto tranquilamente y en paz".

Reacción en redes

La publicación de Castro se viralizó rápidamente, generando cientos de comentarios de apoyo y solicitudes para identificar a la denunciada. Varios usuarios condenaron la actitud amenazante y señalaron la falta de medidas de protección al consumidor en casos de arrendamiento de espacios de estacionamiento.

Antecedentes de Ignacio Castro

Ignacio Castro es conocido en Mendoza por su trayectoria como periodista y empresario. Fue impulsor del "Pacto Parental", una iniciativa que promueve retrasar la entrega de celulares a menores de 14 años para proteger la salud mental de la infancia. En 2025, fue elegido como uno de los "Mendocinos del Año" por Diario UNO, reconocimiento a su labor social.

Situación actual

Hasta la fecha, Castro no ha revelado la identidad completa de la propietaria ni ha anunciado acciones judiciales al respecto. El caso pone en relieve la vulnerabilidad de los usuarios al alquilar servicios temporales en el extranjero y la necesidad de contar con mecanismos claros de reclamación.

Fuente: Diario UNO

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