El presidente Javier?Milei promulgó el DNU?34/2026, que modifica la Ley?19.101 y faculta a militares en servicio a ser designados en el Ministerio de Defensa sin pasar a disponibilidad. La medida, junto a un aumento salarial del 2?% + $50.000 para empleados estatales y la inclusión del proyecto de Ley Penal Juvenil en sesiones extraordinarias, marca un nuevo impulso del Ejecutivo.

Decreto que abre las puertas del Ministerio de Defensa a militares en activo

El 26 de enero de 2026 el presidente Javier?Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)?34/2026, que altera la ley?19.101 sobre el personal militar. A partir de ahora, los oficiales de las Fuerzas Armadas que se encuentren en actividad podrán ser nombrados dentro del Ministerio de Defensa sin la tradicional fase de “disponibilidad”. Entre los primeros beneficiados está el general de división Jorge Alberto Puebla, quien pasará a ser viceministro como secretario de Estrategias y Asuntos Militares, acompañando al teniente general Carlos Alberto?Presti, ministro de Defensa.

Aumento salarial para el sector público

En la misma normativa se homologó el aumento acordado en la Comisión Negociadora del sector público: un incremento del 2?% sobre los haberes y una asignación fija de $50.000 (pesos argentinos) para diciembre de 2025. La medida, formalizada mediante el DNU?36/2026, se aplicará a todos los empleados permanentes y eventuales incluidos en el Convenio Colectivo de Trabajo General de la Administración Pública Nacional.

Proyecto de Ley Penal Juvenil avanza en la agenda del Congreso

El jefe de Gabinete, Manuel?Adorni, anunció que el Proyecto de Ley Penal Juvenil formará parte del temario de sesiones extraordinarias que se iniciarán el lunes 2 de febrero de 2026. La iniciativa propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, buscando una respuesta más dura a la criminalidad juvenil. La propuesta será debatida junto a reformas laborales, la Ley de Glaciares y pliegos de embajadas.

Contexto político

Estas medidas se producen en medio de una intensa actividad legislativa del gobierno mileísta, que también incluye la reforma laboral y la negociación bilateral con provincias. Según fuentes oficiales, el Congreso deberá validar los decretos y el proyecto penal antes de su promulgación.

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