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26/01/2026 16:11 • POLITICA • POLITICA
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) es una agencia federal del Departamento de Seguridad Nacional de EE.?UU. Su misión, según su portal oficial, es "fortalecer la seguridad fronteriza" y prevenir el movimiento ilegal de personas, bienes y fondos. El ICE cuenta con un presupuesto anual cercano a US$8.000 millones y se organiza en tres áreas principales: la Oficina de Detención y Deportación (ERO), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Oficina del Asesor Jurídico Principal (OPLA). Además, una cuarta área brinda soporte logístico y administrativo.
Desde que Donald Trump asumió su segundo mandato en enero de 2025, el ICE se ha convertido en el eje central de la política migratoria del gobierno. En un año, el número de agentes pasó de 10.000 a 22.000, la mayor expansión en la historia reciente de la agencia. Además, se incrementó el uso de órdenes administrativas que permiten a los agentes ingresar a domicilios sin autorización judicial, generando fuertes cuestionamientos sobre la posible violación de la Cuarta Enmienda.
En las últimas semanas se registraron dos tragedias que han movilizado a la opinión pública:
Las muertes provocaron protestas en Los Ángeles, Nueva York, Washington, Chicago y Portland, con manifestaciones que incluyeron marchas, huelgas generales y la aparición de los "observadores del ICE", voluntarios que registran y difunden en tiempo real los operativos. En Minneapolis, los manifestantes demandan una investigación independiente y critican la falta de acceso a la evidencia judicial.
Los operativos del ICE no solo han afectado a adultos, sino también a menores. En el suburbio de Columbia Heights, Minneapolis, cuatro niños fueron detenidos, y una familia ecuatoriana con un niño de cinco años fue trasladada a un centro de detención familiar en Texas. El vicepresidente JD Vance defendió estas acciones, argumentando que protegían a los menores de situaciones de riesgo.
La ofensiva del ICE bajo la administración Trump ha convertido la política migratoria en un tema central del debate público estadounidense, generando un fuerte rechazo social y planteando preguntas sobre la constitucionalidad de las nuevas órdenes administrativas y el uso progresivo de la fuerza. El futuro de estas políticas dependerá de la presión de la sociedad civil y de posibles decisiones judiciales que delimiten los alcances de la agencia.