El Gobierno español y Podemos sellaron un pacto para impulsar, vía Real Decreto, la regularización extraordinaria de más de 500.000 extranjeros sin papeles. La medida, que será votada por el Consejo de Ministros el 27 de enero, busca garantizar derechos y seguridad jurídica antes del 30 de junio de 2026.

Acuerdo político y trámite urgente

El 26 de enero de 2026 se anunció en Madrid un acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el partido Podemos para aprobar una regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular. Según El País y El Mundo, el Consejo de Ministros debatirá y votará la medida el 27 de enero de 2026, aprobando un Real Decreto que no requerirá la ratificación del Congreso.

¿Quiénes podrán beneficiarse?

Las fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones indican que la iniciativa está dirigida a extranjeros que cumplan tres requisitos básicos:

• Estar legalmente en España antes del 31 de diciembre de 2025.
• Carecer de antecedentes penales relevantes.
• Haber residido en el territorio español al menos cinco meses al momento de la solicitud, acreditable con documentos como padrón municipal, contratos de alquiler, facturas de servicios, justificantes de envíos de dinero o citas médicas.

Se estima que más de 500.000 personas podrían acogerse a la regularización, con plazo de solicitud hasta el 30 de junio de 2026.

Beneficios y garantías

Una vez admitida la solicitud, el procedimiento suspenderá cualquier orden de retorno o expulsión administrativa. Los beneficiarios obtendrán una autorización de residencia provisional que permite trabajar legalmente y acceder a servicios esenciales como la asistencia sanitaria. Si la resolución es favorable, la autorización tendrá una vigencia de un año, tras la cual podrá solicitarse una autorización de residencia ordinaria.

Reacciones y debate político

El anuncio generó una fuerte respuesta del Partido Popular (PP). Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, acusó al Ejecutivo de “desviar la atención” de los recientes accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que dejaron hasta 46 muertos, señalando que la medida buscaría “aumentar el efecto llamada”. Infobae informó que Feijóo describió la política migratoria del Gobierno como “tan disparatada como la ferroviaria”.

Por su parte, la secretaria política de Podemos, Irene Montero, y la líder Ione Belarra defendieron la medida como una respuesta “urgente y de justicia social”, subrayando que cientos de miles de personas viven en España con miedo a ser detenidas y sin derechos básicos.

Contexto legislativo

La propuesta se origina en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada en 2024, respaldada por más de 700.000 firmas. Tras un estancamiento de más de un año en el Congreso, la vía del Real Decreto permite una tramitación rápida, similar al proceso usado por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005.

Próximos pasos

El Consejo de Ministros deberá emitir el Real Decreto el 27 de enero de 2026. Posteriormente, la administración migratoria abrirá la ventana de solicitud hasta el 30 de junio de 2026, momento en que se evaluarán los resultados y se decidirá sobre la posible regularización definitiva.

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