La Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (AAL), junto al Foro por la Defensa del Derecho del Trabajo, denunciaron que el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei viola la Constitución y tratados internacionales, y exigieron su rechazo absoluto antes del debate en el Senado el 11?de febrero.

Posición unánime de los abogados laboralistas

El 26?de enero de 2026, la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (AAL) emitió un comunicado, elaborado en conjunto con el Foro por la Defensa del Derecho del Trabajo y la Justicia Social, en el que rechazó categóricamente el proyecto de reforma laboral que el gobierno de Javier Milei lleva al Congreso. Según el documento, el texto “no es admisible ni compatible con la Constitución Nacional ni con los tratados internacionales de la OIT”.

Próximo debate en el Senado

El proyecto tiene dictamen mayoritario y será debatido en la Cámara de Senadores el 11 de febrero de 2026. Los abogados solicitaron que, antes de esa fecha, el Congreso rechace totalmente la iniciativa.

Principales objeciones

• Se prohibiría prácticamente el derecho de huelga y se limitaría drásticamente la acción sindical.
• Se debilitaría la negociación colectiva a favor de sindicatos de empresa.
• Se eliminarían sistemas de indemnizaciones y sanciones por incumplimientos laborales, lo que incrementaría la precariedad.
• Se reducirían las contribuciones patronales, afectando la financiación de la ANSES y del PAMI.
• Se propone la creación de un Fondo de Asistencia Laboral financiado con la masa salarial, compatible con la “demolición” de derechos esenciales.

Acciones previstas

El Foro anunció que mantendrá un “estado de alerta permanente” y llevará a cabo gestiones ante gobernadores, legisladores y organismos internacionales, además de presentar denuncias en todas las instancias judiciales y de derechos humanos.

Contexto político

La reforma laboral es uno de los pilares de la agenda del presidente Milei, quien la presenta como una modernización del sistema y una medida para dinamizar la economía. Los sindicatos y organizaciones de derechos laborales la describen como un retroceso histórico que vulnera derechos constitucionales y compromisos internacionales.

Fuente: TN.com.ar

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