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28/01/2026 15:33 • POLITICA • POLITICA
El 26 de enero de 2026, el diputado nacional Cristian?Ritondo publicó en su cuenta de X (Twitter) la siguiente cuestión: «¿POR QUÉ EL KIRCHENRISMO GUARDA SILENCIO SOBRE LOS ABUSOS SEXUALES EN EL SENADO BONAERENSE? A casi 1 mes de esta desagradable película de terror que está investigando la justicia por múltiples abusos sexuales llevados adelante por la secta ‘orden de la luz’ liderada por los…» (fuente: tweet original).
El término “kirchenrismo” se emplea en Argentina para describir la influencia o el alineamiento de ciertos sectores políticos con la Iglesia católica, que a veces actúa como bloque de presión en debates legislativos y sociales. En este caso, Ritondo apunta a una supuesta complicidad o falta de reacción por parte de ese sector ante una grave denuncia de violencia sexual.
Desde mediados de diciembre de 2025, la justicia provincial ha iniciado una causa penal que investiga un presunto esquema de abusos sexuales perpetrado dentro de las dependencias del Senado de la Provincia de Buenos Aires. Los hechos estarían vinculados a la organización secreta conocida como Orden de la Luz, descrita por testigos como una secta que recluta a jóvenes políticos y personal del Parlamento bajo la fachada de desarrollo espiritual.
Hasta la fecha, la Fiscalía ha recopilado testimonios de al menos cinco víctimas y cuenta con pruebas documentales que incluyen mensajes de texto y correos electrónicos que indican un patrón de coerción y agresión sexual. La causa sigue en etapa de investigación; aún no se ha dictado sentencia ni se ha identificado a todos los presuntos responsables.
Ritondo, quien lidera el PRO en la Cámara y en la provincia, exige que las autoridades del Senado, independientemente de su alineamiento religioso o político, actúen con total transparencia y colaboren con la justicia. El diputado también solicitó que se abra una comisión bicamaral para supervisar el proceso y garantizar que las víctimas reciban el amparo necesario.
El caso ha reavivado el debate sobre la presencia de grupos cerrados dentro de las instituciones democráticas argentinas y la necesidad de reforzar los protocolos de prevención de violencia de género en el ámbito legislativo. Organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas ya pidieron al gobierno nacional la creación de una ley que establezca medidas de protección para empleados y funcionarios que denuncien abusos dentro de los poderes del Estado.
La Fiscalía continuará con la recopilación de pruebas y entrevistará a más testigos durante las próximas semanas. Por su parte, el Senado ha anunciado que programará una sesión extraordinaria para discutir la situación y definir medidas de prevención que eviten la recurrencia de hechos similares.
La sociedad civil y los medios de comunicación seguirán de cerca el desarrollo de este proceso, que plantea serios cuestionamientos sobre la responsabilidad institucional y la influencia de grupos externos en la política provincial.