La propuesta de ley Clarity, que buscaba regular los activos digitales en EE.UU., ha pasado de ser un aliado de la industria cripto a generar profundas divisiones. Las últimas modificaciones aumentan restricciones a las stablecoins, provocan críticas a la banca tradicional y obligan a la Casa Blanca a una reunión de urgencia con bancos y exchanges para destrabar el proyecto.

Contexto de la Ley Clarity

El proyecto de ley conocido como Clarity nació como una ampliación de la Ley Genius, con el objetivo de crear un marco regulatorio definitivo para las operaciones con stablecoins – criptomonedas vinculadas al dólar estadounidense. Inicialmente contó con el respaldo de la mayor parte de la industria cripto, que veía en la normativa una oportunidad para legitimizar sus servicios.

Modificaciones que provocan controversia

El último borrador, publicado a inicios de 2026, incorpora varias exigencias impulsadas por los grandes bancos estadounidenses. Entre los cambios más polémicos se encuentran:

• La prohibición de pagar recompensas (intereses) por la tenencia de stablecoins, una práctica que algunas exchanges ya ofrecían con tasas de dos cifras, mucho superiores a los intereses de cuentas de ahorro tradicionales.
• Restricciones más estrictas sobre la emisión y comercialización de stablecoins, con el fin de evitar que compitan directamente con productos bancarios.

Estas modificaciones han generado una brecha entre los silos de la industria: mientras algunos actores financieros tradicionales consideran que la normativa protege al sistema bancario, las plataformas de intercambio la ven como un retroceso que debilita la innovación.

Posturas de los principales actores

OKX (una de las mayores exchanges del mundo) asegura que eliminar las recompensas no afronta el riesgo estructural del sector, pero sí restringe un mecanismo legítimo de creación de valor. Coinbase y Binance prefirieron no comentar públicamente su posición, aunque se rumorea que comparten la preocupación sobre la pérdida de competitividad.

Por otro lado, Silvina Moschini, empresaria argentina vinculada a la firma Unicoin, mostró su apoyo a la Ley Clarity, calificándola de “muy necesaria” y pidiendo que no se demore su aprobación.

El papel de la Casa Blanca y el Senado

Ante la creciente tensión, la Casa Blanca convocó una reunión para el lunes 3 de febrero de 2026 con ejecutivos de bancos y de exchanges con el fin de “destrabar” la ley, según informó Reuters. Mientras tanto, el Comité de Agricultura del Senado tiene programada una votación sobre el proyecto para el jueves 29 de enero de 2026. El Comité Bancario postergó su debate, que había estado previsto para principios de mes, lo que intensifica la incertidumbre.

Implicaciones para el mercado cripto

Expertos como Lucas Arias advierten que la ausencia de una definición clara –si una criptomoneda es un “commodity”, un “security” o una moneda digital– crea una gran volatilidad en los mercados. Un escenario regulatorio favorable podría “fortalecer la confianza y fomentar la participación institucional”, mientras que una normativa excesivamente restrictiva podría acelerar la migración hacia soluciones descentralizadas y reforzar la filosofía de Bitcoin como activo incensurable.

Conclusiones

La Ley Clarity está en una encrucijada que definirá el futuro de los pagos globales vía stablecoins y la relación entre fintechs cripto y la banca tradicional. El desenlace del debate legislativo, y la capacidad de la Casa Blanca de mediar entre ambas partes, determinará si EE.UU. se convierte en un referente para la regulación inteligente de activos digitales o si alimenta una nueva ola de resistencia del sector bancario.

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