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01/02/2026 15:05 • POLITICA • POLITICA
El presidente Javier Milei declaró el 1 de febrero de 2026 que su prioridad era retomar los pilares de la agenda con la que inauguró su mandato: una reforma laboral “modernizada”, la reducción de la edad de imputabilidad penal a 13 años y una serie de privatizaciones que forman parte de la llamada Ley Bases 2.
El proyecto, impulsado por la ministra de Trabajo Patricia Bullrich, busca cambiar la contratación, la regulación y los derechos colectivos. El secretario de Trabajo Julio Cordero, proveniente de la multinacional, lidera la iniciativa. Empresarios como Paolo Rocca (Techint) y directivos de Mercado Pago han expresado su desacuerdo, acusando al Gobierno de una “triangulación sindical” y de intentar regular al Banco Central sin consenso.
La CGT y la CGTPU intentan crear una “triangulación” a través de los gobernadores, pero la falta de una mesa única dificulta el avance. La ministra Bullrich ha propuesto a los líderes sindicales negociar con ella directamente, mientras la jefa del bloque de La Libertad Avanza envía a su abogada laboralista, Josefina Tajes, a las conversaciones técnicas.
Para aprobar la reforma laboral se requiere el voto de al menos seis senadores. Hasta el momento, siete senadores radicales han manifestado disposición a apoyar con enmiendas, aunque la fecha de sesión sigue sin definirse. La oposición peronista está fragmentada; algunos senadores la apoyan, otros la rechazan, y se esperan negociaciones con los gobernadores para asegurar los fondos coparticipables.
El proyecto penal juvenil mantiene el enfoque “delito de adulto, pena de adulto”, pero propone una pena máxima de 20 años para los delitos graves, frente a los 15 años
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, lidera una ola de privatizaciones que incluye a Aerolíneas Argentinas y la TV Pública. Además, se plantea un recorte del 20?% del empleo público contratado en la primera fase del año.
El nombramiento de Diego Valenzuela al frente de la nueva Agencia Nacional de Migraciones sigue retrasado por cuestiones de presupuesto y estructura organizativa. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, avanza una campaña de endurecimiento que recuerda la retórica de Donald Trump.
Una encuesta muestra que la reforma penal juvenil es el tema con mayor consenso, mientras que la reforma laboral sigue polarizada. El Gobierno mantiene la batalla cultural enfocada en menor delincuencia y migración, dejando en segundo plano problemas como caída del consumo, desempleo, crisis habitacional y deterioro de la infraestructura pública.
Se espera que la casa legislativa abra debate en la primera semana de febrero, con la CGT convocando a su mesa directiva y los gobernadores reuniéndose en Buenos Aires para definir una posición común. La capacidad del Gobierno para lograr la aprobación dependerá de la negociación con los senadores aliados y del manejo del presupuesto de los fondos coparticipables.