La Policía de Tucumán capturó el pasado domingo a J.G., empleada judicial y pareja del exmilitar Felipe Sosa, como presunta cómplice en el brutal femicidio de la joven de 25 años, Erika Antonella Álvarez. El operativo, realizado en un country de Yerba Buena, representa un nuevo giro en una causa que ha sacudido a la provincia desde la aparición del cuerpo en enero.

El 2 de febrero de 2026 la División de Homicidios de la Policía de la Provincia de Tucumán dio a conocer la detención de una mujer identificada como J.G., empleada judicial de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. La investigación la vinculó como pareja del principal sospechoso del caso, Felipe "El Militar" Sosa, un exmilitar de 51 años detenido el 17 de enero en Pilar, Buenos Aires. Los agentes realizaron simultáneos allanamientos en distintos domicilios del Gran San Miguel de Tucumán y, tras buscar sin resultados, localizaron a J.G. en la residencia de un hermano, dentro de un barrio privado (country) en la localidad de Yerba Buena. Durante el operativo se secuestró un automóvil y el celular de la detenida, los cuales fueron puestos bajo resguardo como evidencia. El femicidio de Erika Antonella Álvarez, ocurrida a principios de enero, cobró gran atención mediática cuando su cuerpo fue hallado el 8 de enero en un basural del barrio Manantial Sur, Yerba Buena. Según los informes forenses, la joven de 25 años sufrió traumatismo craneo?facial y cervical, con signos de golpes precisos y una luxación temporomandibular. El jefe de Policía, Joaquín Girvau, describió la aprehensión de J.G. como "clave para el esclarecimiento" del caso y anunció que la investigación continuará ampliando líneas de indagación, incluyendo posibles vínculos con el narcotráfico. El fiscal Carlos Picón había solicitado previamente la detención de la empleada judicial, pero el pedido fue aprobado tras tres días de evaluación, tiempo que generó críticas del gobernador Osvaldo Jaldo por la supuesta dilación judicial. Hasta la fecha, Felipe Sosa permanece recluido en la Unidad número 6 del Complejo Penitenciario Benjamín Paz bajo prisión preventiva de seis meses, impuesta tras la presentación de la autopsia. La Fiscalía continuó con allanamientos de la empresa del acusado y de otros posibles involucrados. El caso sigue abierto, con la Policía y la Fiscalía trabajando en la identificación de nuevas pistas y la captura de cualquier otro sospechoso que pudiera haber participado en el crimen o en su encubrimiento.

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