El presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo detuvieron la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que estaba prevista para enero de 2026. La medida provocó la renuncia del director del INDEC, Marco Lavagna, y despertó sospechas sobre la intención de ocultar varios puntos de inflación que afectarían salarios, jubilaciones y presupuestos públicos.

Contexto político y económica

El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei y Luis Caputo, decidió retrasar la puesta en marcha del nuevo cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que debía iniciarse en enero de 2026. La decisión forzó la renuncia de Marco Lavagna, director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), cuyo reemplazo quedó en manos de Pedro Lines.

Según la publicación de Página12, la medida se justificó con la necesidad de "terminar el proceso de desinflación", pero críticos señalan que se trata de una estrategia para mantener bajo control la inflación oficial y evitar ajustes en salarios, jubilaciones y gastos sociales.

¿Qué cambiaría con la nueva metodología?

El nuevo IPC pretendía basarse en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017?2018, sustituyendo la versión de 2004?2005 que se utilizaba actualmente. Este cambio tendría varios efectos:

• Reducción del peso de Alimentos y Bebidas no alcohólicas del 27% al 22,7%.
• Aumento del peso de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles del 9,4% al 14,5%.
• Aumento del peso de Transporte del 11% al 14,3%.
• Mayor incidencia de tarifas y alquileres en el cálculo de la inflación.

El economista Gonzalo Carrera (Consultora Equilibra) explicó que bajo la nueva fórmula la inflación de enero sería ligeramente superior, entre 0,1% y 0,2% más que con la metodología antigua, pero que la diferencia se volvería relevante en el acumulado de dos años.

Impacto cuantitativo

Según estudios de Equilibra y del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, si se hubieran usado los ponderadores actualizados desde diciembre de 2023, la inflación acumulada habría sido entre 11 y 15 puntos porcentuales más alta. Esa brecha habría repercutido directamente en:

• Salarios privados: pérdida de poder adquisitivo del 7,8%.
• Salarios públicos: pérdida del 16% al 21%.
• Jubilaciones y prestaciones sociales, que habrían necesitado actualizaciones mayores.

En términos de presupuesto, el Gobierno habría visto reducido su superávit al impedir ajustes inflacionarios.

Cómo mide la inflación el INDEC hoy

El INDEC recaba alrededor de 320 mil precios mensuales en 19 aglomerados urbanos, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires y 24 partidos del Gran Buenos Aires. La canasta actual contempla 12 rubros, entre ellos alimentos, vivienda, transporte y comunicación. No obstante, sigue incluyendo ítems obsoletos como fax, CD, DVDs y telegramas, manteniéndolos por razones metodológicas y de comparabilidad histórica.

Para más detalle sobre la metodología y los productos medidos, consulte el informe de Chequeado.

Repercusiones políticas

La oposición y varios analistas calificaron la postergación como una "intromisión política" al organismo estadístico. La medida genera sospechas de que el Gobierno busca presentar una caída de la inflación más rápida, facilitando la narrativa de “desinflación”. Sin la actualización, la estadística oficial permanece alineada con un consumo de hace más de dos décadas, lo que distorsiona la realidad económica actual.

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