Imago Noticias04/02/2026 17:03 • Politica
El magistrado Sebastián Ramos, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º?2 de Comodoro Py, emitió hoy, 04/02/2026, un exhorto internacional dirigido a las autoridades de los Estados Unidos de América. En el documento se solicita la extradición de Nicolás Maduro Moros para que comparezca ante la Justicia argentina y rinda una declaración indagatoria en la causa CFP?2001/2023.
El requerimiento se sustenta en el Tratado de Extradición suscripto entre Argentina y EE.UU. el 10 de junio de 1997, que regula la cooperación judicial en materia de entrega de personas buscadas por delitos graves. La solicitud también hace referencia a la jurisdicción universal, doctrina del derecho internacional que permite a un Estado juzgar crímenes de lesa humanidad cometidos fuera de su territorio cuando el país de origen no garantiza una investigación imparcial.
La causa, identificada como CFP?2001/2023, fue iniciada por denuncias presentadas por el Foro Argentino para la Democracia en la Región (FADER) y la Fundación Internacional para la Libertad, junto al testimonio de víctimas que lograron escapar de Venezuela. La querella acusa al régimen chavista de torturas, desapariciones forzadas, asesinatos y persecución política, señalando la falta de independencia del Poder Judicial venezolano.
Para agilizar el trámite, el juez Ramos ordenó la "urgente traducción" del exhorto y sus anexos, y dispuso que la solicitud sea canalizada a través de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Además, se notificó al Departamento de Interpol de la Policía Federal Argentina y al fiscal federal Carlos Stornelli, manteniendo vigentes las alertas rojas internacionales que pesan sobre Maduro y otros funcionarios como Diosdado Cabello.
Una vez recibido el requerimiento, las autoridades estadounidenses deberán evaluarlo a la luz del tratado bilateral y la normativa interna. De prosperar la extradición, se abriría una instancia judicial en la Argentina para investigar y eventualmente procesar los presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
Esta medida constituye uno de los pasos más contundentes de la Justicia argentina en la lucha contra la impunidad de regímenes autoritarios. Asimismo, refleja la creciente utilización de la jurisdicción universal como herramienta para abordar violaciones graves de derechos humanos cuando los tribunales locales están comprometidos.