El Ejecutivo de Javier?Milei emitió, en la tarde del 4?de?febrero de?2026, un decreto de conciliación obligatoria para desactivar la medida de fuerza anunciada por La Fraternidad. La maniobra, confirmada por la ministra Sandra?Pettovello, involucra a los principales operadores del ferrocarril argentino y pretende garantizar el tránsito de pasajeros y carga a partir de mañana.

Contexto y alcance del decreto

Ante la anunciada huelga de trenes prevista para el 5?de?febrero de?2026, el Gobierno decidió aplicar la figura de conciliación obligatoria, una herramienta legal que permite suspender unilateralmente una huelga cuando la medida de fuerza ponga en riesgo la continuidad de servicios esenciales.

La decisión se tomó luego de una reunión en el Ministerio de Economía, a la que asistieron delegados del sindicato ferroviario La Fraternidad, entre ellos su titular Omar?Maturano, y representantes del Área de Transporte. No se alcanzó un acuerdo entre las partes, lo que motivó al Ejecutivo a intervenir.

Comunicación oficial

Alrededor de la 16:17?horas, la Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra?Pettovello, difundió un comunicado confirmando la aplicación del decreto de conciliación obligatoria. En el mismo se indica que la medida afecta a los siguientes concesionarios del sector:

• Operadora Ferroviaria?S.A.
• Belgrano Cargas y Logística?S.A.
• Metrovías?S.A.
• Ferrovías?S.A.

Con estas empresas se mantiene la operatividad de los servicios de pasajeros y carga, evitando el colapso del transporte ferroviario nacional.

Implicancias para los usuarios y la economía

El ferrocarril es una columna vertebral del traslado de millones de argentinos y del movimiento de mercancías. Un paro tendría efectos multiplicadores en la cadena productiva, incrementando costos logísticos y generando congestión en otras modalidades de transporte. La medida busca preservar la estabilidad del flujo de bienes y la movilidad urbana, especialmente en la zona metropolitana de Buenos?Aires.

Reacciones y próximos pasos

Los dirigentes sindicales han manifestado su desacuerdo con la imposición del decreto, calificándola de “intervención arbitraria”. Por su parte, el Gobierno subraya que la medida es necesaria para proteger el interés nacional y garantizar la continuidad de servicios esenciales.

Se espera que, una vez superada la medida de fuerza, se inicie un proceso de negociación formal entre La Fraternidad y los operadores, bajo la supervisión del Ministerio de Transporte, para abordar los reclamos laborales y de condiciones operativas que motivaron la amenaza de paro.