El Ejecutivo argentino publicó el Decreto 84/2026 en el Boletín Oficial el 4 de febrero, dando cumplimiento a la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (27.793) que había sido sancionada en julio de 2025 pero quedó paralizada por falta de presupuesto. El mismo día, tras la sentencia del juez federal de Campana Adrián González Charvay, se establecen nuevas pensiones, auditorías y la coordinación del Ministerio de Salud con la Secretaría Nacional de Discapacidad.

Antecedentes y contexto legal

La Ley 27.793, aprobada por el Congreso en julio de 2025, declara la emergencia en materia de discapacidad y define un marco para políticas públicas, prestaciones y pensiones. El presidente Javier Milei había condicionado su puesta en marcha a la disponibilidad de partidas presupuestarias, lo que llevó a su paralización durante varios meses.

El fallo judicial que obligó al cambio

El 12 de diciembre de 2025, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, declaró inválido el artículo que suspende la aplicación de la ley y ordenó su "inmediata puesta en marcha", argumentando que la condición presupuestaria vulneraba obligaciones constitucionales e internacionales. La medida fue apelada por el Gobierno, pero el plazo fijado por la justicia expiró el 4 de febrero de 2026, bajo amenaza de sanciones económicas y penales.

Decreto 84/2026: los puntos clave

• Pensiones no contributivas: se crea la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Las pensiones otorgadas antes de la norma serán convertidas de oficio. El Estado estima incorporar al menos 400 mil beneficiarios en los próximos años.
• Auditorías y controles: se establecen mecanismos de auditoría periódica, con un plazo de 30?días para presentar el plan de auditorías, garantizando la transparencia del gasto.
• Reorganización institucional: la Secretaría Nacional de Discapacidad pasa a depender del Ministerio de Salud y debe convocar al Consejo Federal de Discapacidad para fijar criterios socio?económicos.
• Regularización de deudas: se ordena la condonación del 100?% de las deudas de centros con ARCA y se crea una ventanilla única para el cobro de la compensación de emergencia prevista por la ley.

Reacción de los sectores involucrados

El colectivo de personas con discapacidad celebró el decreto como “un paso adelante”, pero advirtió que la lucha continúa. La actriz y madre de un adolescente con TEA, Valentina Bassi, comentó a Página/12 que, aunque el reconocimiento institucional es positivo, aún falta que los profesionales cobren sus honorarios y que los tratamientos no se suspendan.

El exdiputado Daniel Arroyo, impulsor del proyecto, también felicitó la reglamentación, pero señaló que deben resolverse la “letra chica” respecto a deudas de instituciones y al esquema de financiación.

Franco Orsato, delegado de trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad, destacó que la normativa permite regularizar deudas y que no se interrumpen los pagos de pensiones, aunque reconoce la necesidad de profundizar la reglamentación de algunos ítems.

Próximos pasos y desafíos

El Gobierno debe ahora ejecutar los criterios definidos, actualizar el nomenclátor de horas de servicio, y asegurar los recursos presupuestarios necesarios para las nuevas pensiones y auditorías. La comunidad seguirá vigilando la implementación a través del Consejo Federal de Discapacidad y los observatorios creados por la ley.

Fuentes

• TN - Ley de Emergencia en Discapacidad: cambios clave
• Página/12 - Reacción del colectivo