Críticas de la oposición

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), bloque opositor más amplio del país, emitió un comunicado a través de la red social X señalando "omisiones graves" en el proyecto de ley de amnistía presentado por la presidenta interina Delcy Rodríguez y aprobado en primera discusión por el Parlamento el 7 de febrero de 2026. Entre los principales reclamos se encuentran:

• Exclusión de amplios grupos de presos políticos, tanto civiles como militares.
• Olvido de periodos históricos relevantes que deberían formar parte de la reconciliación.
• Falta de derogación de leyes consideradas parte del "marco legal represivo", como la Ley contra el Odio y la Ley Simón Bolívar.
• Ausencia de garantías para un "retorno seguro" de los exiliados y para levantar las inhabilitaciones políticas de dirigentes opositores.

Preocupaciones sobre la implementación

La PUD advirtió que la aplicación de la amnistía quedaría en manos del Ministerio Público y del actual sistema judicial, al que describen como "instrumentos de la persecución política". La organización sostuvo que una "amnistía incompleta o condicionada" no puede considerarse verdadera reconciliación.

Proceso legislativo y expectativas

Tras la primera lectura, la norma entró en fase de consulta pública y debe ser debatida en segunda instancia. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, prometió a los familiares de los detenidos que la ley será aprobada definitivamente el próximo martes y que, "a más tardar el viernes, estarán todos sueltos".

Datos sobre excarcelaciones

Según la ONG Foro Penal, desde el inicio del proceso de excarcelaciones anunciado el 8 de enero de 2026, se han liberado 383 presos políticos, aunque la organización estima que aún permanecen 687 detenidos. El gobierno, por su parte, afirma que el número de liberaciones asciende a 895, sin proporcionar un listado oficial.

Contexto adicional

La propuesta de amnistía cubre casi tres décadas de gobierno chavista y ha generado debate sobre la inclusión de figuras como María Corina?Machado y Edmundo?González?Urrutia. Expertos legales locales destacan la necesidad de que la ley no se convierta en "manto de impunidad" para quienes cometieron torturas o tratos crueles.

La polémica sigue abierta mientras la sociedad civil y la comunidad internacional observan de cerca el desarrollo de este proceso que, de concretarse, marcaría un hito en la historia reciente de Venezuela.