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07/02/2026 17:05 • Actualidad
En todas las provincias cubanas los hospitales han detenido intervenciones quirúrgicas y limitado el traslado de pacientes ambulatorios. El personal sanitario advierte la ausencia total de analgésicos, antihipertensivos, antibióticos, sueros, sondas y gasas. Las reservas de diésel apenas alcanzan para unas pocas horas de funcionamiento de generadores.
Los centros de salud informan que solo disponen de arroz y granos para aproximadamente dos semanas, mientras la proteína ha desaparecido casi por completo. Los apagones son permanentes; la atención de emergencias se ha reducido a una sola guardia y se utilizan lámparas recargables. Los suministros de hemodiálisis cubren solo tres días y el desinfectante disponible dura una semana.
En Las Tunas quedó reducida a una única ruta diaria de ómnibus hacia La Habana; no hay conexiones a Camagüey, Holguín o Santiago de Cuba. Las líneas férreas están paralizadas por falta de combustible y el servicio de ferry entre la Isla de la Juventud y el resto del país fue suspendido.
En el central azucarero Melanio Hernández (Sancti Spíritus) se acumula caña sin poder procesarse. Se ha recurrido a transportar leche en termos y a reactivar hornos de leña en la industria alimentaria. Simultáneamente, los hoteles de Cayo Santa María fueron cerrados sin aviso; los huéspedes fueron redistribuidos a otros establecimientos.
Documentos de la Dirección Provincial de Isla de la Juventud establecen que sólo el personal administrativo indispensable puede permanecer en funcionamiento, mientras el suministro eléctrico en edificios estatales se corta durante tres días consecutivos y se cierran internados, áreas recreativas y bares. Todas las inversiones públicas pendientes fueron canceladas.
El presidente Miguel Díaz?Canel reconoció la crisis en una intervención televisiva, pero no proporcionó datos ni anunció medidas inmediatas. Reiteró la consigna de “resistencia creativa” y anunció que los ministros detallarán las próximas acciones.
La Universidad de La Habana canceló un congreso internacional de 1.500 delegados y adoptó la modalidad semipresencial para todas las carreras por al menos un mes. Human Rights Watch informó que la crisis afecta el acceso a alimentos, salud y electricidad, y resaltó la continua represión: entre enero y junio de 2025 se registraron 203 detenciones arbitrarias, y en octubre de 2025 había alrededor de 700 presos políticos.
La escasez de combustible se agudizó tras la pérdida del suministro de petróleo venezolano y la falta de apoyo de aliados tradicionales como China y Rusia, provocando una caída drástica en la generación eléctrica y prolongados apagones en toda la isla.