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08/02/2026 06:03 • Politica
El proyecto de "modernización laboral" que avanza en el Senado busca una profunda transformación del mercado de trabajo argentino. Además de modificaciones en la contratación y la jornada, incluye un paquete fiscal que reduce la alícuota del impuesto a las Ganancias para grandes empresas. Según el gobierno, esa rebaja representaría un costo fiscal del 0,65?% del PBI, distribuido en 0,5?% para la Nación y 0,15?% para las provincias, compensa con la expectativa de mayor actividad y la formalización de 400?mil puestos.
El ministro del Interior, Diego?Santilli, y los gobernadores de varias provincias han sido los principales interlocutores del oficialismo. Diputados de la oposición –incluidos referentes del PRO, UCR, Encuentro?Federal y la Coalición Cívica– señalan que esa estrategia deja a la Cámara de Diputados “sin un tratamiento integral”. Comentaron que la falta de contacto con sus bloques dificulta la construcción de mayorías, sobre todo porque algunos sectores –como la Coalición Cívica y parte del PRO– no responden a los gobiernos provinciales.
La rebaja del Impuesto a las Ganancias afecta la coparticipación federal. Provincias como Santa?Fe estiman una pérdida cercana a $100?mil?millones. El Ejecutivo ha mencionado la posibilidad de compensar con un nuevo impuesto al cheque, que tradicionalmente financiaba a la ANSES.
El reglamento del Congreso (artículo?106) establece que el dictamen de comisión debe firmarse en un plazo de diez días. Con los feriados de Carnaval (16 y 17?de?febrero) el único día disponible para el plenario será el viernes?13?de?febrero, lo que reduce drásticamente el tiempo para debates y exposiciones de expertos.
Patricia?Bullrich, líder del bloque senatorial del gobierno, afirmó que las negociaciones están “95?% cerradas”, aunque admitió que quedan pendientes aspectos fiscales vinculados a la reducción de Ganancias y a la distribución de recursos entre provincias y la Nación.
Algunos gobernadores ya indicaron que apoyarán la reforma en su conjunto, pero rechazarán el apartado fiscal que afecta sus arcas. La falta de diálogo con los diputados genera temores de que, sin su aval, el proyecto pueda tropezar en la votación final.
Si bien la reforma promete modernizar el empleo y atraer inversión, la pérdida de recursos para provincias y la posible reducción de derechos laborales han encendido el debate sobre quién pagará la cuenta y si la medida logrará los objetivos de generación de empleo.