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09/02/2026 06:07 • Deportes
En la tarde del 8 de febrero de 2026, el tenista argentino Román Burruchaga, de 24 años, recibió una serie de mensajes amenazantes a través de la aplicación WhatsApp mientras se desplazaba en su vehículo hacia el Club Jockey de Rosario, sede del Challenger. Los textos, enviados desde un número extranjero, contenían referencias explícitas a su familia, datos personales y la exigencia de que pierda el encuentro contra el taiwanés Chun?Hsin Tseng. Uno de los mensajes incluía una fotografía de una mano sosteniendo un arma de fuego.
La directora del torneo, María Gabriela Larrosa, informó de inmediato a la Policía, que activó un operativo de seguridad especial. La Comisaría 17ª de Santa Fe registró la denuncia y, por orden de la fiscal del turno, se dispuso una custodia policial permanente de 24?horas para Burruchaga y refuerzo de vigilancia en todo el complejo. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) conserva las capturas de pantalla y continuará la investigación mientras se identifican a los autores, considerados “NN”.
A pesar de la presión, Burruchaga venció a Tseng por 6?3, 6?3 y avanzó a la final que se jugará el domingo 9 de febrero de 2026 a las 18:30 contra Camilo Ugo Carabelli. El torneo ofrece un premio total de 225.000 dólares, una suma importante para los jugadores del circuito Challenger.
Este no es un hecho aislado. La semana anterior, el español Nikolas Sánchez?Izquierdo también denunció amenazas similares en la misma competencia, obligando a jugar su octavo de final sin público y bajo custodia policial. Los incidentes reavivan la preocupación sobre la presión ilegal vinculada a apuestas online en el tenis profesional.
El Challenger de Rosario, parte del circuito ATP Challenger 125, es una plataforma clave para que jugadores jóvenes mejoren su ranking y accedan al Top?100. La presencia de amenazas de muerte y la intervención de las fuerzas de seguridad subrayan la necesidad de mecanismos de protección más robustos ante la creciente influencia de apuestas clandestinas.
La investigación sigue en curso y cualquier nueva evidencia será remitida a la Fiscalía para posibles medidas judiciales.