El Ejecutivo argentino retiró a última hora el proyecto de reforma penal juvenil que buscaba bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Se restablecerá el dictamen anterior que fija el límite en 14 años, manteniendo acuerdos con provincias y el esquema de financiamiento de 23.739.155.303 pesos, mientras UNICEF reiteró su oposición a la reducción.

Antecedentes de la reforma penal juvenil

Desde su toma de posesión, el gobierno de Javier Milei impulsó una amplia agenda de reformas, entre ellas la modificación del régimen penal juvenil. El proyecto presentado el 9 de febrero de 2026 buscaba reducir la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, generando un intenso debate en el Congreso y en la sociedad civil.

Retiro del proyecto y vuelta al dictamen de 14 años

Horas antes del inicio del debate parlamentario, el Ejecutivo decidió retirar el proyecto por falta de consenso entre los bloques políticos. Según fuentes legislativas, el oficialismo retomará el dictamen trabajado en comisión que establece la edad de imputabilidad en 14 años. Este umbral cuenta con el respaldo mayoritario de los partidos dialoguistas y había sido aprobado en la mayoría del año pasado.

Qué se mantiene del texto original

• Estructura general del régimen penal juvenil con sanciones graduadas según la gravedad del delito.
• Prioridad a medidas alternativas a la prisión: programas educativos, servicios comunitarios, reparación del daño y tratamientos psicológicos.
• Privación de libertad reservada para delitos graves, con alojamiento en institutos especializados sin contacto con adultos.
• Incorporación explícita de la facultad del Estado nacional de conveniar con las provincias para la implementación del régimen.

Aspectos eliminados

El punto central que se elimina es la reducción de la edad de imputabilidad a 13 años. El proyecto original no obtuvo el respaldo necesario, ni siquiera del PRO, que defendía mantener el límite en 14 años.

Financiamiento del nuevo régimen

El costo fiscal estimado para la puesta en marcha del régimen penal juvenil asciende a $23.739.155.303 (pesos argentinos). La financiación provendrá de dos partidas:

Fuente	Monto
Defensoría General de la Nación	$20.607.158.518
Ministerio de Justicia	$3.131.996.785

El mayor gasto corresponde a la contratación de personal especializado (médicos, psicólogos, supervisores) y a la operación de los institutos de menores.

Reacción de UNICEF y argumentos de derechos humanos

El organismo de la ONU para la infancia, UNICEF, emitió un comunicado el mismo día en que la iniciativa se presentó en el Congreso, pidiendo que los países no reduzcan la edad mínima de imputabilidad. La entidad citó estudios neuropsicológicos que demuestran que niños de 12?13 años aún están en desarrollo cognitivo y no comprenden plenamente las consecuencias de sus actos.

UNICEF también recordó la recomendación del Comité de los Derechos del Niño de mantener la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años, promoviendo la justicia restaurativa y medidas alternativas a la privación de libertad.

Definición de edad de imputabilidad

La edad de imputabilidad es el umbral legal a partir del cual una persona puede ser considerada penalmente responsable de sus actos. En Argentina, la normativa vigente hasta la reforma de 2024 fijaba este límite en 16 años. El debate actual gira en torno a si bajar a 13 años vulneraría garantías constitucionales y derechos de la infancia.

Próximos pasos

Con el dictamen de 14 años reactivado, el proyecto será debatido nuevamente en comisión y se espera una votación en el recinto el próximo jueves. El Gobierno busca destrabar la reforma para avanzar en una legislación que combine garantías de derechos con mecanismos de reinserción social.

Fuente: Ámbito

Fuente adicional: Página12 (UNICEF)