El Ejecutivo argentino decidió retirar el proyecto de reforma penal juvenil presentado el lunes, tras detectar que no coincidía con el acuerdo bipartidista sobre la edad mínima de imputabilidad. En su lugar impulsará un nuevo texto que establece la responsabilidad penal a partir de los 14 años, detalla los recursos presupuestarios y reduce la pena máxima a 15 años.

Retiro del proyecto enviado el lunes 5 de febrero

El Gobierno anunció, en la noche del 10 de febrero de 2026, la retirada del proyecto de ley penal juvenil que había sido remitido a la Cámara de Diputados el lunes anterior. Según fuentes oficiales, la iniciativa contenía una edad mínima de imputabilidad de 13 años, lo que contradecía el consenso alcanzado con la oposición, que establecía 14 años.

Nuevo proyecto alineado con el acuerdo

El texto que continuará en trámite conserva los puntos clave acordados:

• Edad de imputabilidad: 14 años.
• Se detallan las partidas presupuestarias necesarias, ascendiendo a $23.739.155.303,08 (pesos argentinos), a distribuir entre el Ministerio de Justicia y la Defensoría General.
• La pena máxima para los delitos más graves se reduce a 15 años de prisión, frente a los 20 años del proyecto anterior.

Comisiones y agenda parlamentaria

El 10 de febrero se formalizará la composición de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes (presidida por la diputada María Gabriela Flores, La Libertad Avanza) y la Comisión de Justicia (presidida por Álvaro Martínez, también de LLA). A las 11?h se abrirá la reunión de las comisiones clave (Familias, Justicia, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda). La sesión plenaria de la Cámara está convocada para el jueves 12 de febrero a las 11?h.

Contenido del proyecto

El proyecto busca equilibrar la seguridad y la reinserción social de los menores:

• Los menores de hasta 15 años que cometan delitos graves podrán ser privados de libertad, pero prevalecerá la medida de reintegración.
• Delitos menores se sancionarán con medidas no privativas de libertad, como tareas comunitarias y reparación del daño.
• Se crearán institutos especiales con educación, salud y tratamiento de adicciones, prohibiendo la convivencia con adultos.
• Se garantizará el acceso a patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y participación en mediaciones.

Financiación y cooperación interjurisdiccional

Además de los fondos nacionales, el texto contempla convenios entre provincias y la Nación para financiar la construcción de nuevas instalaciones y la operatividad de los institutos especiales.

Contexto político

El movimiento se produce a pocos días de la dictadura del proyecto de reforma laboral y de otras iniciativas en la Cámara. La oposición, liderada por La Libertad Avanza, había pactado previamente la edad de 14 años, mientras que sectores del oficialismo habían propuesto 13 años.

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