11/02/2026 16:04 - Actualidad
El 10 de febrero de 2026 los representantes de los grandes conglomerados de comunicación de Argentina (ADIRA, AEDBA, ADEPA, ARPA y ATA) enviaron una nota a los senadores de la Cámara alta pidiendo la derogación del Estatuto del Periodista, vigente desde 1946. En la carta se critican la indemnización especial para periodistas, el período de prueba de un mes y el número mínimo de colaboraciones necesario para pasar a la categoría de trabajador permanente.
Los grupos mediáticos se reunieron previamente con la senadora Patricia Bullrich, encargada de la estrategia parlamentaria del oficialismo, para buscar apoyo a cambio de impulsar la eliminación del estatuto, una medida que décadas atrás habían solicitado medios como Clarín y Perfil.
El escrito cita un estudio del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) que afirma que “cerca del 70?% de los medios locales trabajan sin periodistas en relación de dependencia”, apoyándose en colaboradores independientes o esquemas a comisión. Según esa argumentación, la rigidez del estatuto sería una barrera para la generación de empleo formal en redacciones pequeñas y medianas.
El proyecto de reforma laboral anunciado por el Gobierno de Javier Milei, que será tratado en el Senado, incluye la derogación de tres estatutos sectoriales:
Estas normas regulan las condiciones de remuneración, escalafones, derechos y garantías de los trabajadores de cada sector. La reforma propone flexibilizar esos regímenes para “generar más empleo registrado”.
El 11 de febrero de 2026 la periodista Nancy Pazos realizó una intervención simbólica mientras el Senado debatía la reforma. Se encadenó y amordazó en la escalinata del Congreso, mostrando una careta con la palabra “Alcahuetes”. En su cuenta de Instagram escribió: “Este gobierno nos quiere así a los periodistas”.
La acción se dio en el marco de la movilización convocada por la CGT, que reunió a más de 3000 periodistas en una conferencia de prensa frente a las puertas del Senado. Un total de 38 legisladores dieron luz verde para abrir la sesión donde se discuten los cambios laborales.
Los representantes de los medios sostienen que la eliminación del estatuto no implica “privilegios”, sino “igualdad y reglas previsibles” al equiparar a los periodistas con otros trabajadores bajo la Ley de Contrato de Trabajo. Argumentan que la protección del estatuto se superpone a normas constitucionales e internacionales de libertad de expresión.
Por su parte, sindicatos y organizaciones periodísticas denuncian que la derogación amenaza la libertad de expresión y el derecho a la información, pues el estatuto incluye garantías específicas para la labor periodística.
Información extraída de El Destape, Clarín y Ámbito.
Alfredo S. Quiroga
Conspiraciones