El 13 de febrero de 2026 el Parlamento de Venezuela, dominado por el oficialismo chavista, aplazó la segunda y última discusión de la controvertida Ley de Amnistía para presos políticos. El acuerdo surgió luego de intensos desacuerdos entre los bloques legislativos sobre el artículo 7, que establece requisitos para acceder al beneficio, generando incertidumbre sobre el futuro de cientos de detenidos.

Contexto de la iniciativa

Desde la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez ha impulsado una serie de reformas con el objetivo de “normalizar” la vida institucional. Entre ellas, la Ley de Amnistía, aprobada en primera discusión, busca liberar a personas procesadas o condenadas por delitos políticos ocurridos entre 1999 y 2026.

Razones del aplazamiento

El debate se suspendió de manera unánime después de que la asamblea avanzara hasta el artículo 6 y se encontrara un punto de conflicto en el artículo 7. Dicho artículo exige que los beneficiarios se presenten ante instancias judiciales para acceder a la amnistía, lo que según varios diputados vulnera el principio de extinción inmediata de la causa penal.

Posturas de los actores políticos

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, confirmó el aplazamiento y anunció que la discusión se retomará en la siguiente sesión ordinaria, prevista para el jueves 19 de febrero de 2026, debido al feriado de Carnaval.

Por su parte, el fiscal general Tarek William Saab declaró que la ley podría “contribuir a la estabilidad interna”. Sin embargo, críticos de la oposición, como Henrique Capriles, argumentan que la medida es más política que jurídica y que la inclusión de requisitos judiciales la vuelve ineficaz.

Exclusiones y alcances del texto

El proyecto excluye a quienes hayan cometido violaciones graves de derechos humanos, crímenes de guerra, homicidio, narcotráfico y delitos contra el patrimonio público. En versiones anteriores también se excluían casos de corrupción, pero esta restricción se eliminó sin explicación oficial.

El alcance temporal abarca episodios específicos de conflicto político, como el intento de golpe de Estado de 2002 y protestas de 2004, 2007, 2013, 2014, 2017, 2019 y 2024, dejando fuera a cientos de presos que alegan persecución política.

Reacciones de la sociedad civil

En los alrededores de la Universidad Central de Caracas, cientos de estudiantes y familiares de detenidos se congregaron exigiendo una amnistía sin condiciones y la liberación inmediata de los presos políticos. Organizaciones como la ONG Foro Penal y la Comisión de Derechos Humanos han advertido que, tal como está redactada, la ley no garantiza una amnistía plena.

Próximos pasos

El Parlamento volverá a debatir el artículo 7 el 19 de febrero, mientras que la comunidad internacional sigue observando la evolución del proceso, considerado un indicador clave de la posible transición política en Venezuela.