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13/02/2026 09:06 • Economia
El 16 de enero de 1958, mediante el Decreto-Ley 505/58, se creó el estatuto orgánico de Vialidad Nacional, que estableció su responsabilidad en el estudio, construcción, conservación y mejora de la red troncal de caminos. 68 años después, la realidad dista mucho de esos objetivos.
Entre diciembre de 2023 y comienzos de 2026, el Gobierno despidió a más de 800 agentes técnicos y operativos – ingenieros, laboratoristas, topógrafos, mecánicos y maquinistas especializados. La dotación total, que rondaba los 5.500 empleados, se redujo casi un 20% en 2024 y, el 30 de enero de 2026, se anunció un retiro voluntario para 900 personas. El organismo pasa de ser una entidad operativa a un “cascarón institucional”.
Los datos oficiales del Sistema de Información Geográfica (SIG) de la DNV indican que al menos el 60?% de la red se encuentra en estado regular o malo. Proyecciones de FEPEVINA elevan esa cifra entre 65?% y 70?%, afectando rutas estratégicas en todas las provincias.
Fabián Cattanzaro, secretario gremial de FEPEVINA, estima que el mal estado de la red vial genera una pérdida de entre un punto y medio del PBI anualmente, al incrementar tiempos de tránsito, daños a vehículos y costos logísticos. Estas ineficiencias también disuaden nuevas inversiones, pues los inversores evalúan la infraestructura antes de comprometer recursos.
El presupuesto para 2026 presenta una caída real cercana al 75?% respecto a 2023. Además, se registró una subejecución superior al 50?% durante 2024 y 2025. Fondos específicos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos, destinados a financiar rutas, no se ejecutan pese a la recaudación existente.
El deterioro afecta a todos los habitantes del país, pero se agrava en corredores con alto tránsito pesado y vinculados a actividades productivas. La falta de mantenimiento y el control de pesos de los camiones aumentan el riesgo de siniestralidad.
La combinación de infraestructura degradada, despidos masivos, reducción del presupuesto y falta de ejecución de fondos plantea un serio desafío para la competitividad y seguridad de la Argentina. Sin una intervención urgente, el costo económico y humano seguirá en aumento.
Fuente: El Auditor.info