Contexto histórico y decadencia institucional

El 16 de enero de 1958, mediante el Decreto-Ley 505/58, se creó el estatuto orgánico de Vialidad Nacional, que estableció su responsabilidad en el estudio, construcción, conservación y mejora de la red troncal de caminos. 68 años después, la realidad dista mucho de esos objetivos.

Desmantelamiento de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV)

Entre diciembre de 2023 y comienzos de 2026, el Gobierno despidió a más de 800 agentes técnicos y operativos – ingenieros, laboratoristas, topógrafos, mecánicos y maquinistas especializados. La dotación total, que rondaba los 5.500 empleados, se redujo casi un 20% en 2024 y, el 30 de enero de 2026, se anunció un retiro voluntario para 900 personas. El organismo pasa de ser una entidad operativa a un “cascarón institucional”.

Gravedad del deterioro de la red vial

Los datos oficiales del Sistema de Información Geográfica (SIG) de la DNV indican que al menos el 60?% de la red se encuentra en estado regular o malo. Proyecciones de FEPEVINA elevan esa cifra entre 65?% y 70?%, afectando rutas estratégicas en todas las provincias.

Rutas críticas señaladas

• Ruta Nacional 33 (Buenos Aires y Santa Fe): presenta pérdida de capacidad portante de la subrasante, con daños estructurales que comprometen la base del asfalto.
• Ruta Nacional 151: zona clave para Vaca?Muerta, turismo y economías de Río?Negro y La?Pampa; sufre baches tipo cráter, ausencia total de asfalto en tramos y alta siniestralidad.
• Otras carreteras con problemas graves: RN 1V66, 3, 5, 7, A015, 34, 119, 120, 121, 136 y 1V11 (ex?11).

Impacto económico

Fabián Cattanzaro, secretario gremial de FEPEVINA, estima que el mal estado de la red vial genera una pérdida de entre un punto y medio del PBI anualmente, al incrementar tiempos de tránsito, daños a vehículos y costos logísticos. Estas ineficiencias también disuaden nuevas inversiones, pues los inversores evalúan la infraestructura antes de comprometer recursos.

Recortes presupuestarios

El presupuesto para 2026 presenta una caída real cercana al 75?% respecto a 2023. Además, se registró una subejecución superior al 50?% durante 2024 y 2025. Fondos específicos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos, destinados a financiar rutas, no se ejecutan pese a la recaudación existente.

Repercusiones sociales y territoriales

El deterioro afecta a todos los habitantes del país, pero se agrava en corredores con alto tránsito pesado y vinculados a actividades productivas. La falta de mantenimiento y el control de pesos de los camiones aumentan el riesgo de siniestralidad.

Conclusiones

La combinación de infraestructura degradada, despidos masivos, reducción del presupuesto y falta de ejecución de fondos plantea un serio desafío para la competitividad y seguridad de la Argentina. Sin una intervención urgente, el costo económico y humano seguirá en aumento.

Fuente: El Auditor.info