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13/02/2026 14:05 • Actualidad
Una medida cautelar dictada por el juez federal Martín?Cormick obliga al Estado a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada dos veces por el Congreso y vetada en dos oportunidades por el presidente. La normativa establece la recomposición de los salarios y gastos de funcionamiento de diciembre?2023, 2024 y 2025, ajustados por IPC.
Tras la reunión del Consejo Interuniversitario Nacional con Alejandro Álvarez (subsecretario de Políticas Universitarias) y Carlos Torrendell (secretario de Educación), el oficialismo presentó una propuesta de reforma que contempla:
Los detalles sobre cuotas, plazos y modalidades siguen en discusión.
El presupuesto anunciado implica un recorte del 34?%2?millones de estudiantes podrían quedar sin clases si no se alcanza un acuerdo.
Las universidades públicas concentran cerca del 80?% de la investigación científica del país; su desfinanciación amenaza la producción tecnológica y académica nacional.
Según la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), los salarios han perdido aproximadamente la mitad de su poder adquisitivo desde 2022, con remuneraciones actuales rondando los 250?000 pesos. La organización ha anunciado la convocatoria de paros y una posible marcha federal para presionar al gobierno.
A pesar de la crisis, el ranking Times Higher Education 2025 ubicó a nueve universidades argentinas entre las 2?000 más influyentes del mundo, siete de ellas públicas: La Plata, Quilmes, Córdoba, Cuyo, Rosario, San?Martín y Litoral.
Si la negociación falla, el escenario más probable es la interrupción de actividades académicas y la intensificación de movilizaciones estudiantiles y docentes a lo largo de todo el territorio nacional.