En una jornada legislativa clave, el Senado de la Nación aprobó el convenio que transfiere la Justicia del Trabajo de la órbita nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El acuerdo, impulsado por los gobiernos de Javier Milei y Jorge Macri, busca otorgar plena autonomía a CABA y agilizar la resolución de causas laborales. Ahora, el proyecto debe ser tratado por Diputados y la Legislatura porteña para su implementación definitiva.

Un paso hacia la autonomía plena de Buenos Aires

En la madrugada del jueves 13 de febrero de 2026, el Senado de la Nación otorgó media sanción al convenio firmado entre el jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, para transferir la competencia y los recursos de la Justicia del Trabajo desde la órbita nacional hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El convenio se suma al proyecto de reforma laboral que se debate en el Congreso, y su aprobación representa un hito en la relación entre Nación y CABA. Según explicaron funcionarios porteños, el traspaso permitirá "honrar la autonomía de la Ciudad", una deuda pendiente desde la reforma constitucional de 1994.

¿Qué implica el traspaso de la Justicia Laboral?

El convenio establece que, una vez consumado el traspaso, los expedientes activos previos y los conflictos colectivos (negociación colectiva, convenios colectivos y acciones sindicales) continuarán bajo la órbita del fuero nacional. Sin embargo, la justicia porteña comenzará a recibir los nuevos casos sobre conflictos individuales. El documento también prevé el cierre del Fuero Nacional Laboral con sede en CABA, debido a la pérdida de competencia que generará el traspaso. Autoridades del Gobierno de la Ciudad aseguraron que la transferencia es "sobre las competencias" y que "no incluirá a las personas", refiriéndose a que los trabajadores judiciales actuales no serán trasladados automáticamente.

Creación del nuevo fuero porteño

En diciembre de 2024, la Legislatura porteña aprobó la ley 6789, que habilitó la creación del fuero laboral local. Esta norma prevé el emplazamiento de:

• Diez juzgados de Primera Instancia del Trabajo
• Una Cámara de Apelaciones del Trabajo, conformada por dos salas

En 2025, el Consejo de la Magistratura de CABA inició los concursos para seleccionar a los futuros jueces y juezas. Según informaron fuentes oficiales, aproximadamente 1.250 personas se inscribieron en los seis concursos lanzados.

Los entretelones políticos de la votación

El tratamiento del convenio no estuvo exento de tensiones políticas. Según reveló el sitio La Política Online, la vicepresidenta Victoria Villarruel organizó una reunión de urgencia en el Senado con el juez Andrés Basso, titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, para intentar convencer a los senadores aliados de rechazar el traspaso. Sin embargo, fuentes cercanas a la Casa Rosada detectaron la maniobra y salieron a "cortarla". Finalmente, el oficialismo logró imponerse con una votación de 42 votos a favor y 30 en contra, según consignó Ámbito, aunque otras fuentes indican que la ventaja se amplió a 44 contra 28. Patricia Bullrich jugó un papel clave en la articulación de los votos. La senadora y exministra de Seguridad logró que el texto fuera incluido en el temario legislativo a última hora, sorteando la resistencia del entorno de Villarruel, quienes pugnaban por que el proyecto siguiera el camino habitual: primero debate en comisión, luego dictamen y finalmente su envío al recinto.

El objetivo: combatir la "industria del juicio"

Tanto desde Nación como desde CABA, la aprobación del convenio se vincula a un objetivo compartido: reducir la litigiosidad laboral. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, afirmó en diálogo con Net TV que en el Fuero Laboral se ha desarrollado "una teoría de multas e indemnizaciones descontroladas" que se transformó en un "negocio para algunos estudios de abogados". Por su parte, el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, celebró el avance en redes sociales y señaló que con el traspaso de competencias "se termina la industria del juicio en la Ciudad". Funcionarios del Gobierno de la Ciudad argumentan que la Justicia porteña es más eficiente, más expedita, con mejor infraestructura y más tecnológica que la nacional, lo que permitiría reducir los tiempos de resolución de las causas.

La reacción del sector judicial

El traspaso generó rechazo en sectores del Poder Judicial. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) presentó una medida cautelar que logró la suspensión preventiva de la implementación del fuero. Tras la firma del convenio, los magistrados se manifestaron en "estado de alerta máxima" y calificaron el traspaso como un "intento de avasallamiento". Desde la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, su secretaria adjunta, Maia Volcovinsky, expresó que los trabajadores del fuero laboral "están muy angustiados". Adelantó que el gremio está en "estado de alerta y movilización" y anunció que el próximo jueves movilizarán a la Corte Suprema de Justicia para pedir que asuma una postura en defensa del fuero del trabajo. "La Justicia del Trabajo es el último resorte que tiene un trabajador o una trabajadora para conseguir que sean reconocidos los derechos que le fueron violados", sostuvo Volcovinsky, quien también denunció que el fuero nacional tiene un 50% de vacantes de magistrados sin cubrir, situación que afecta la celeridad de las causas.

Un problema preexistente: las vacancias

Según un análisis publicado por MDZ Online, el fuero nacional del trabajo en CABA arrastra un nivel de vacancias que compromete su capacidad de respuesta. Al día de hoy, el fuero registra casi un 40% de cargos vacantes: 41 sobre 110. Esta situación impacta directamente en los plazos de resolución, la calidad de las decisiones y la previsibilidad del sistema. "Lo que para el debate público es un expediente, para las partes suele ser salario, subsistencia, continuidad de una empresa o estabilidad de un vínculo laboral", señaló la consejera nacional Jimena de la Torre.

Próximos pasos: Diputados y Legislatura porteña

Para que el traspaso entre en vigencia, el convenio debe ser refrendado por:

1. La Cámara de Diputados de la Nación (pendiente)
2. La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (pendiente)

El bloque del PRO en Diputados, a cargo de Cristian Ritondo, ya expresó que trabajará para que el acuerdo sea aprobado. "La Ciudad tiene que ejercer plenamente su autonomía. Esto no es algo nuevo ni improvisado: viene desde la Constitución del 94", indicaron fuentes parlamentarias. Una vez aprobado definitivamente, el traspaso deberá completarse en un plazo de 180 días. La transferencia de recursos será progresiva y ordenada, según lo establecido en el convenio.

El contexto: la reforma laboral

El traspaso del fuero laboral se debate en paralelo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Desde la oposición, algunos legisladores del peronismo expresaron su preocupación de que el traspaso busque que las eventuales presentaciones judiciales de trabajadores afectados por los cambios legislativos no recaigan en el fuero actual, sino en el nuevo. Sin embargo, desde el oficialismo sostienen que el objetivo es únicamente otorgar mayor autonomía a CABA y mejorar la eficiencia del sistema judicial.

Un camino hacia la previsibilidad

El convenio de transferencia aporta, según especialistas, una virtud principal: certidumbre. Delimita qué se transfiere y qué queda fuera (conflictos colectivos, materias sindicales y supuestos de jurisdicción federal), y fija obligaciones y plazos claros. La Ciudad asume el desafío de poner en marcha el fuero y avanzar en los procesos de selección de magistrados. Nación, por su parte, debe acompañar con una transferencia progresiva de recursos. El camino hacia la implementación total del nuevo fuero laboral porteño promete ser un proceso complejo pero necesario, que busca modernizar la administración de justicia laboral en la ciudad con mayor concentración de empresas y trabajadores del país.

Fuentes: Ámbito, La Política Online, MDZ Online